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Full text of "Madres Y Familiares De Detenidos Desaparecidos 1990 El Referendum Desde Familiares"

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MADRES Y FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS 
URUGUAY 




EL REFERENDUM 
DESDE 


FAMILIARES 



© Editado por Madres y Familiares de 
Detenidos Desaparecidos, 1990 
Joaquín Requena 1642 
Montevideo - Urubuay 


Primera edición: 1990 

Esta edición se compuso en Copygraf S. R. L., 
utilizándose Helvética 10/11, en Apple Macintosh 
Se terminó de imprimir en el mes de enero de 1990, 
en los talleres de Copygraf s.r.l., utilizándose papel 
obra de 72 gramos y gofrado de 220 de F N P. 
Impreso en Uruguay - Printed in Uruguay 



LA LEYDEIMPUNIDAD 


El 22 de diciembre de 1986 se aprobó la ley N® 15848 cuyo 
capítulo 1® establece: 

Capítulo 1. 

Art. 1 ® - Reconócese que, como consecuencia de la lógica de 
los hechos originados por el acuerdo celebrado entre partidos 
políticos y las Fuerzas Armadas en agosto 1984 y a efectos de 
concluir la transición hacia la plena vigencia del orden consti¬ 
tucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del 
Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1® de marzo de 
1985, por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimi¬ 
lados, por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus 
funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos 
que actuaron durante el período de facto. 

Art. 2® - Lo dispuesto en el artículo anterior no comprende: a) 
las causas en las que, a la fecha de promulgación de esta ley, 
exista auto de procesamiento: b) los delitos que se hubieren 
cometido con el propósito de lograr para su autoro para un tercero, 
un provecho económico. 

Art. 3® - A los efectos previstos en los artículos anteriores, el 
Juez interviniere en las denuncias correspondientes, requerirá al 
Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de treinta 
días, de recibida la comunicación, si el hecho investigado lo consi¬ 
dera comprendido o no en el artículo 1 ® de la presente Ley. 

Si el Poder Ejecutivo así lo comunicare, el Juez dispondrá la 
clausura y el archivo de los antecedentes. Si, en cambio, informa 
que no se halla comprendido, dispondrá continuar la indagatoria. 

Desde la fecha de promulgación de esta ley hasta que el Juez 
reciba la comunicación del Poder Ejecutivo, quedan suspendidas 
todas las diligencias presumariales en los procedimientos men¬ 
cionados en el inciso primero de este artículo. 


3 



Art. 4® - Sin perjuicio de lo dispuesto en ios artículos preceden¬ 
tes, el Juez de ia causa remitirá ai Poder Ejecutivo testimonio de 
ias denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la 
presente ley y actuaciones relativas a personas presuntamente 
detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas, 
así como de menores presuntamente secuestrados en simiiares 
condiciones. 

El Poder Ejecutivo dispondrá de inmediato las investiga¬ 
ciones destinadas ai esclarecimiento de estos hechos. 

Ei Poder Ejecutivo, dentro del plazo de ciento veinte días a 
contar de la promulgación de esta ley, dará cuenta a los denun¬ 
ciantes del resultado de estas investigaciones y pondrá en su 
conocimiento la información recabada. 


-\ 

“He dado las mayores pruebas de mi odio al 
crimen y jamás me perdonaría dejar impunes esas 
atrocidades, si fueran cometidas por los que se 
hallan a mis órdenes”. 

“Tan malo es condenar al inocente como ab¬ 
solver al culpable. 

Yo deseo que triunfe la justicia, que los delitos no 
queden impunes. 

Seamos inflexibles con este deber y seremos 
felices". 

José Artigas 

_ 


4 



COMO VOTARON 


SENADORES Y DIPUTADOS 

SENADO 
A FAVOR 


Partido Colorado 

Ercilia Bomio (suplente de 
Jorge Batlle) 

Carlos Cigliuti 
Juan Carlos Fa Robaina 
Eduardo Paz Aguirre 
Américo Ricaldoni 
Alfredo Traversoni 
Juan José Zorrilla 

Partido Nacional 
Gonzalo Aguirre 
Guillermo García Costa 
Carminillo Mederos 
Francisco Ubillos 


Eugenio Capeche 
Pedro W. Cersósimo 
Manuel Flores Silva 
Raumar Jude 
Bernardo Pozzolo 
Enrique Tarigo 
Juan Adolfo Singer 


Juan Raúl Ferreira Sienra 
Luis Alberto Lacalle 
Dardo Ortiz 
Alberto Zumarán 


EN CONTRA 


Frente Amplio 

José Germán Araujo Hugo Batalla 

Reynaldo Gargano Enrique Martínez Moreno 

Francisco Rodríguez Camueso Luis Alberto Senatore 


Partido Nacional 
Carlos Julio Pereyra 
Uruguay Tourné 


Juan Martín Posadas 


5 



DIPUTADOS 


A FAVOR 


Partido Colorado 
Juan Justo Amaro 
Nelson Arredondo 
Honorio Barrios Tassano 
Federico Bouza 
César Brum 
Cayetano Capeche 
Raúl Cazabán 
Jorge Conde 
Lidia Curi 
Rubén Díaz 

Washington García Rijo 
Hugo Granucci 
Luis Hierro López 
Daniel Lamas 
Oscar Lenzi 
Pablo Millor 
Ramón Pereira Pabén 
Edison Rijo 
Carlos Soto 
Tabaré Viera 

Partido Nacional 
Numa Aguirre 
Rubén Francolino 
Carlos Garat 
Héctor Goñi 
Marino Irazoqui 
Jorge Machiñena 
Elias Porras Larralde 
Carlos Rodríguez Labruna 
Jorge Silveira Zabala 
Gustavo Varela 


Abayubá Amén Pisani 
Roberto Asiaín 
Juan Bentancur 
Alberto Brause 
Mario Cantón 
Washington Cataidi 
José Cerchiaro 
Víctor Cortazzo 
Eber Da Rosa 
Francisco Forteza 
Oscar Gestido 
Arturo Guerrero 
Walter Ysi 
Ariel Lauzarot 
Oscar Magurno 
Ope Pasquet 
Juan Luis Pintos 
Yamandú Rodríguez 
Guillermo Stirling 


Héctor Barón 
Carlos Fresia 
Bernardo González 
Luis Alberto Heber 
Luis Ituño 
León Morelli 
Alfonso Requiterena 
Walter Santero 
Héctor Martín Sturla 
Alfredo Zaffaroni Ortiz 


EN CONTRA 

Frente Amplio 

Nelson Alonso Guillermo Alvarez 


6 



Carlos Bertacchi 
Gonzalo Carámbula 
Juan Pedro Ciganda 
Yamandú Fau 
Ramón Guadalupe 
Héctor Lescano 
Edén Meló 

Manuel Pérez Alvarez 
Baltasar Prieto 
Andrés Toriani 

Partido Nacional 
Ernesto Amorín Larrañaga 
Juan José Fuentes 
Oscar López Balestra 
Luis José Martínez 
Héctor Lorenzo Ríos 
Raúl Rosales 

Unión Cívica 
Julio Davedere 

Partido Colorado 

Víctor Vaillant 


Tabaré Caputi 
Carlos Cassina 
José Díaz 
Rubén Frey 
Eduardo Jaurena 
Nelson Lorenzo Rovira 
Carlos Negro 
Lucas Pittaluga 
Gilberto Ríos 


Javier Barrios Anza 
AIem García 
Julio Maimó Quíntela 
Juan Oxacelhay 
Ricardo Rocha Imaz 
Edison Zunini 


Hebert Rossi Pasina 


Corriente Popular Nacionalista 
Carlos Pita 


7 




8 










Asistimos, con indignación y dolor a la aprobación de una ley 
de impunidad. 

Contrariando el mandato de la ciudadanía, mayorías par¬ 
lamentarias avasallaron la Constitución. 

Pero no hay ley que pueda imponer el olvido; ni de los 
desaparecidos, ni de los torturados, ni de los muertos. 

Zelmar y Toba existieron y siguen vivos en el pueblo que 
reclama justicia a sus asesinos. 

Mariana, Simón, Verónica... existen y reclaman su lugar en 
el futuro uruguayo. 

Este acto de traición no nos apartará del camino hacia la 
verdad y la justicia, que es el único que conduce a la paz. 

Al pueblo oriental le queda la opción de defender -con voz 
propia- su dignidad y su futuro. Este camino es trabajoso, como 
fueron todos los que hemos transitado durante los 12 años de 
dictadura y los 2 de democracia, pero lo recorreremos todos jun¬ 
tos, con la misma esperanza y la misma convicción de que 
finalmente los principios y la dignidad triunfan. 

El futuro lo exige. Si no hacemos hoy este esfuerzo para 
reconquistar los derechos y las garantías constitucionales, maña¬ 
na veremos repetidos el horror y la ignominia. Una vez más, ante 
la traición y la cobardía, “nada podemos esperar si no es de noso¬ 
tros mismos”. 

Por todo esto LO INVITAMOS A INCORPORARSE A LA 
ORGANIZACION DE UN REFERENDUM NACIONAL. 

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos. 

Montevideo, 22 de diciembre de 1986. 

Montevideo, 23 de diciembre de 1986. 

Ayer, 22 de diciembre, constituyó una fecha clave para nues¬ 
tro país. Las mayorías parlamentarias, contrariando el mandato 
unánime de la ciudadanía que las eligió porque nadie en este país 
proclamó en su plataforma la impunidad, sino que todos se com¬ 
prometieron a garantizar la libre actuación del Poder Judicial se 
arrodillaron ante el poder militar. Ayer se legalizó la Impunidad, se 
entregó el principio republicano de la independencia de los pode¬ 
res y se avasalló la Constitución. Pretextando la amenaza de un 


10 



golpe de Estado se cometió el error de someter la democracia a 
ia tuteia de ios mismos que hasta hace muy poco se dedicaron a 
deshacerla. 

No sabemos en qué plazos y a qué velocidad vamos a ir 
padeciendo ias consecuencias de este error. Sí sabemos cuánto 
doior ie ocasionará a nuestro pueblo. 

Uno de los alicientes de nuestra lucha es el de que nunca más 
se cometan los horrores que todos vivimos. Resulta que en vez de 
hacerse una labor de prevención, se proclamó la impunidad de ios 
criminaies. Desde ayer hay, pues, nuevamente dos clases de uru¬ 
guayos: los impunes, dotados de la razón de la fuerza, y los inde¬ 
fensos, aunque tengan la fuerza de la razón, la de constituir la 
mayoría del país y la de ser los que reconquistaron ia posibilidad 
de que ei Uruguay intentara volver a ser una república. 

Queremos y iuchamos por verdad y justicia. Recorrimos el 
país, llamamos a la conciencia y al corazón de todos nuestros 
compatriotas; paimo a palmo fuimos ganando apoyo para la vigen¬ 
cia de todos ios derechos y ias garantías constitucionales. El Par¬ 
lamento dio por tierra con tanto esfuerzo y con la esperanza de 
todo un pueblo, que no dejó de exigir por estos objetivos, el mismo 
puebio gracias ai cuai -es necesario no oividario- hoy existe el 
Parlamento. 

Cuando creíamos que al fin, por acción de ia justicia, sabría¬ 
mos qué pasó con nuestros familiares y donde están los niños, se 
votó esta ley. 

Frente al mundo, Uruguay acabade incumplircon los compro¬ 
misos internacionales signados, ratificados y tantas veces aludi¬ 
dos. Las autoridades podrán ofrecer centenares de expiicaciones 
para disimuiar ias verdades, pero no podrán convencer a nadie de 
la ética con que actuaron. 

Para América Latina significa que una democracia que con¬ 
citó tanta solidaridad y tantas esperanzas, falló. 

Para nosotros, significa seguir por ios caminos que prevé la 
Constitución, para obtener ia verdad, la justicia y ia prevención. 
Confiamos en que nuestro pueblo sabrá expresar su voluntad a 
través del referéndum. 

Matilde Rodríguez de Gutiérrez 

Eiisa Deile Piane de Michelini 

Madres y Familiares de Uruguayos detenidos y desaparecidos 


11 



Declaración del Colegio de 
Abogados del Uruguay 

El texto completo de la Declaración del Colegio de Abogados 
es el siguiente: 

El Colegio de Abogados del Uruguay en atención a lo esta¬ 
blecido en el Art. apartado II de los Estatutos Sociales y ante la 
Ley promulgada el 22 de diciembre del corriente año, relativa a la 
“caducidad de la pretensión punitiva del Estado” respecto de de¬ 
terminados delitos, CONSIDERA: 

1 ® Que la Ley aprobada incurre en una grave violación de los 
principios de nuestro Estado de Derecho, admitiendo y legali¬ 
zando la inaplicabilidad de la Constitución por la vía de los hechos 
(“lógica de los hechos” la denomina el Art. 1 ® de la Ley), al declarar 
sin norma habilitante legítima, caducado el poder punitivo del Es¬ 
tado para los delitos cometidos por funcionarios militares y poli¬ 
ciales, equiparados o asimilados. El derecho de castigar no cadu¬ 
ca y no es extinguidle por un Poder del Estado fuera del único en- 
cuadramiento constitucional de la Amnistía, el Indulto y la Gracia 
y de las causales de Impunidad consagradas por el Derecho Pe¬ 
nal. 

2® La adjudicación al Poder Ejecutivo - por los Art. 3® y 4® de 
la Ley- de las facultades para establecer si los actos delictivos 
referidos son incriminables o no, y si están comprendidos en el Art. 
1® o 2® de la Ley, implica el cercenamiento inconstitucional de 
Poderes Jurídicos esenciales privativos de la función jurisdic¬ 
cional, que los Art. 233 y siguientes de la Constitución de la 
República, atribuyen en forma exclusiva al Poder Judicial (Su¬ 
prema Corte de Justicia, Tribunales y Juzgados). 

3® Esta inconstitucional delegación y transferencia de fun¬ 
ciones de un Poder a otro, infringe el principio de separación de 
Poderes y la independencia del poder Judicial al subordinarlo al 
Poder Ejecutivo y quebranta las bases de nuestra organización 
democrática. 


12 



4® La imposibilidad creada por la nueva Ley, para que los 
denunciantes de los delitos referenciados puedan lograr la 
determinación judicial de la responsabilidad de los denunciados 
sin la autorización del Poder Ejecutivo, constituye una grave 
violación a las garantías de los derechos individuales reconocidos 
por el Capítulo II de Derechos, Deberes y Garantías de la 
Constitución. 

5® La expresada intervención del Poder Ejecutivo, deja sin 
efecto la necesaria reserva de las actuaciones presumariales, 
respecto a terceros, menoscabando las garantías del debido 
proceso. 

6® El Art. 2® Inc. a) de la Ley, que alude a una presunta 
excepción de existencia del auto de procesamiento, denota un 
desajuste con la realidad, dada la notoriedad de la imposibilidad 
de procesamientos, debido al incumplimiento de citaciones dis¬ 
puestas por los Jueces Penales e interposición de contienda de 
jurisdicción que impidieron la substanciación de las denuncias. 

7® La excepción del Art. 2® Inciso b), que hace reserva del 
mantenimiento de la pretensión punitiva solamente, en caso de 
delito determinante de un provecho económico, es una opción 
axiológica por el Derecho de propiedad frente a los demás 
derechos inherentes a la persona (vida, honor, libertad, seguri¬ 
dad) totalmente contraria a la dogmática humanista que inspira el 
Cap. II de nuestra Constitución. 

8® La institucionalidad se defiende por la afirmación de las 
bases normativas que constituyen un soporte jurídico y nunca por 
la aceptación de cualquier intento de infracción o violación por la 
vía de los hechos. 

DECLARA: 

I) La Ley de “caducidad de la pretensión punitiva del Estado", 
atenta contra la Constitución y los principios democráticos. 

II) Su plena confianza en el Poder Judicial como última 
garantía del Estado de Derecho. 


El Directorio 
Montevideo, diciembre 30 de 1986. 


13 



Declaración del PIT-CNT 


El PIT - CNT ha batallado durante la dictadura, en el proceso 
de su derrota y en democracia por la defensa de las libertades 
democráticas y su plena consolidación. 

La democracia está unida indisolublemente a la justicia, al 
imperio de la Constitución y de las leyes. 

Es por esto que los trabajadores organizados se han movili¬ 
zado permanentemente y desde antes del 1® de marzo de 1985 
por la Verdad y Justicia y contra la impunidad para los violadores 
de los derechos humanos. 

Nuestra posición interpreta y da continuidad a los sentimien¬ 
tos democráticos de la inmensa mayoría de la ciudadanía del país 
y naturalmente de los trabajadores. Consecuente con esta posi¬ 
ción y ante la aprobación por el Parlamento de la Ley N® 15848 - 
para nosotros ley de impunidad y ley inconstitucional- el PIT CNT 
considera que por la importancia del tema, que incide directamen¬ 
te sobre los temas nacionales y sobre la estabilidad democrática, 
la ciudadanía debe ser consultada. 

En tal sentido, el día 23 de diciembre, a 20 horas de promul¬ 
gada dicha ley, el PIT - CNT convocó aúna multitudinaria concen¬ 
tración, que resultó sin precedentes y que refleja el respaldo de los 
trabajadores y el pueblo a los principios irrestrictos de Verdad y 
Justicia, sostenidos desde siempre por el movimiento sindical. 

Es por ello que apoyamos la realización de una referendum 
que convocado con la mayor amplitud permita la adhesión y el 
apoyo de los más amplios sectores de nuestra población. 

Con ello no hacemos otra cosa que reclamar la participación 
de la ciudadanía, de acuerdo a lo que establece el art. 79, numeral 
2 de la Constitución de la República, para que pueda, ejerciendo 
plenamente un derecho democrático, expresar de forma inequívo¬ 
ca su pronunciamiento ante un tema tan controvertido. 


14 



Todas las fuerzas democráticas que se sientan responsables 
por la estabilidad de las instituciones deben ser conscientes que 
ante un problema de tanta trascendencia es necesario convocar 
al pueblo para que se exprese directamente. 

El PIT - CNT considera que la mayoría se pronunciará por la 
Verdad y Justicia, pero los que tienen un enfoque diferente tam¬ 
bién podrán con el mecanismo del plebiscito, confrontar sus análi¬ 
sis y sus posiciones. Y serán entonces, los ciudadanos todos, ten¬ 
gan la opinión que tengan, quienes libre y soberanamente deci¬ 
dan. 

Por todo ello y ante la magnitud de la situación planteada, el 
Secretariado Ejecutivo del PIT- CNT convoca a la Mesa Repre¬ 
sentativa Nacional Ampliada para el día 17 de enero de 1987. 

Por último, el PIT - CNT señala que la tarea que demandará 
el referéndum, lejos de desviar, reforzará nuestro esfuerzo en la 
búsqueda de soluciones para los salarios, las jubilaciones, la 
desocupación, la salud, la vivienda y los intentos de 
reglamentación sindical. 


Montevideo 7 de enero de 1987 


Declaración del Consejo Directivo 
Central de la Universidad 

El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República 
hace un llamado de reflexión nacional y a las reservas morales de 
todos los sectores políticos, procurando detener una negativa 
secuencia de hechos que pueden comprometer severamente la 
viabilidad de un Uruguay pacífico y solidario. 

En estas circunstancias tan particulares que vive el país, la 
Universidad deseatrasmitir su honda preocupación por la peculiar 
trayectoria que ha tenido hasta el presente el proceso de consoli¬ 
dación democrática con el que se encuentra comprometida la so¬ 
ciedad uruguaya. 

Es convicción de este Consejo Directivo Central que dicho 
proceso necesita alimentarse de gestos y actitudes de transformᬠ


is 



ción respecto al pasado autoritario reciente, al tiempo de asen¬ 
tarse y basar su fortaleza en los valores irreemplazables de la soli¬ 
daridad, los consensos fundamentales y las acciones que com¬ 
prometan la participación permanente de las grandes mayorías. 

Sin embargo, dos grandes problemas heredados de la dic¬ 
tadura-y, por consiguiente, verdaderas claves de la consolidación 
democrática- no han sido hasta ahora encarados atendiendo a 
esos grandes valores. Se trata de la crítica situación económica y 
social que afecta al país y a la mayoría de su población, así como 
de la vigencia integral del estado de derecho, etapa ésta que no 
podrá ser alcanzada mientras la responsabilidad penal por las 
violaciones de derechos humanos durante el régimen de tacto se 
sustraiga al ámbito de la justicia, tal cual lo indicado ya pordistintos 
órganos técnicos y directivos de la Universidad de la República. 

En la alternativa siempre presente entre los valores aludidos 
y un supuesto realismo que transformaba dificultades en datos 
inmodificables de la realidad, se optó por este último camino. Ello 
ha generado divisiones importantes en la sociedad uruguaya, que 
se tradujeron en la apertura de espacios en los que la confron¬ 
tación superó puntos fundamentales de encuentro que todas las 
fuerzas políticas y sociales habían sabido hallar para iniciar juntas 
el camino de la consolidación democrática. 

Es en este contexto que, con tristeza y con dolor, la Universi¬ 
dad encuentra hoy en la ley aprobada el 21 de diciembre de 1986, 
un nuevo y grave motivo de fractura y de desgarramiento de la 
sociedad uruguaya. Esta ley, que no respeta el principio de sepa¬ 
ración de poderes, al subordinar potestades privativas del Poder 
Judicial al criterio del poder Ejecutivo, consagra la impunidad de 
los responsables de los delitos violatorios de los derechos huma¬ 
nos durante la fase autoritaria, contra la cual este Consejo se pro¬ 
nunció claramente en fecha reciente. Y al mismo tiempo, debilita 
notoriamente la posibilidad de fortalecer el camino que ahora 
recorre el país, con la adhesión imprescindible de todas sus fuer¬ 
zas políticas y sociales. Ello no significa otra cosa que incrementar 
el riesgo de desconocer la voluntad popular y de caer progresiva¬ 
mente en una tendencia autoritaria que la sociedad uruguaya no 
quiere volver a sufrir. Porotra parte, la necesaria integración de las 
Fuerzas Armadas al quehacer colectivo nacional, no podrá lo- 


16 



grarse evitando la investigación de realidades inocultables. 

El Consejo Directivo Central es consciente de la gravedad de 
la situación que vive la República y de la responsabilidad histórica 
que a la Universidad le cabe en la misma, en virtud de su propia 
naturaleza y de los cometidos que específicamente le asigna su 
Ley Orgánica. Y es en función de estos cometidos que hoy desea 
realizar una exhortación a la reflexión sincera y tolerante, recor¬ 
dando que hay momentos en la vida de una nación en los que 
solamente decisiones surgidas de una profunda convicción colec¬ 
tiva son compatibles con el mantenimiento de la propia identidad. 

Renunciar a principios muy caros a un pueblo puede conducir 
a una quiebra más profunda que una eventual ruptura institucio¬ 
nal: una frustración insanable de la conciencia ciudadana. El 
haber apelado permanentemente a aquellos principios -muchas 
veces antagónicos con una realidad que parecía imponerforzosa- 
mente otros caminos- fue lo que otorgó grandeza a la gesta 
artiguista y lo que convirtió a su conductor en una de las figuras 
más preclaras de la historia latinoamericana. 

El Uruguay necesita hoy - más que nunca- volver a esta 
auténtica esencia de su historia. Preocupada especialmente por 
las generaciones jovenes -en cuya formación tiene tanta respon¬ 
sabilidad- y convencida de que la vigencia integral del estado de 
derecho es la única vía capaz de afirmar la convivencia pacífica de 
nuestro pueblo y de garantizar soluciones de justicia y de pro¬ 
greso, la Universidad de la República bregará permanentemente 
por la vigencia de estos valores esenciales. 

Consejo Directivo Central. 


17 




ANTECEDENTES Y PROCESO 
DE APROBACION DE LA LEY 


Durante la campaña electoral de 1984, todos los partidos 
políticos se comprometieron a promover la investigación de los 
delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar 
y el juicio a sus responsables. Este compromiso se plasmó en la 
Concertación Nacional Programática, que el 26/10/84 estableció: 

“El Gobierno de hecho ha actuado desde el 27 
de junio de 1973 sin la presencia del órgano de 
contralor parlamentario y ha reducido por la vía 
normativa o de los hechos las facultades del Poder 
Judicial. 

Estas carencias alcanzaron especial gravedad 
en lo que se refiere a la violación de derechos 
humanos, según se ha denunciado reiteradamente. 

Constituye un grave riesgo para la real vigencia 
de los derechos humanos en el futuro, mantener a la 
sociedad uruguaya en la ignorancia respecto de la 
verdad de las denuncias referidas y dejar impunes 
los hechos que constituyen ilícitos penales. 

Se considera necesario que todos los órganos 
del Estado, según sus competencias respectivas, 
procuren el esclarecimiento de los hechos referidos. 

Sin perjuicio de las atribuciones del Poder 
Ejecutivo para esclarecer bs hechos ocurridos, será 
necesario dotar al Poder Judicial de los instmmentos 
jurídicos y reales que permitan el efectivo cumpli¬ 
miento de la investigación”. 

En marzo de 1985 la aprobación de la ley de Pacificación 
Nacional permitió la liberación de los presos políticos. En su 


19 



artículo 5®, dicha ley excluye expresamente de los efectos de la 
amnistía a los funcionarios policiales o militares responsables de 
tratamientos inhumanos, crueles y degradantes o de la detención 
de personas luego desaparecidas. 

El mismo año se crearon en el Parlamento varias comisiones 
con el fin de investigar la situación de los ciudadanos desapare¬ 
cidos dentro y fuera del país, el asesinato de Zelmar Michelini y 
Héctor Gutiérrez Ruiz y de la Sra. Cecilia Fontana de Heber. 

Estas comisiones no fueron facultadas con los poderes nece¬ 
sarios para cumplir efectivamente su gestión. Sólo pudieron aco¬ 
piar testimonios de las víctimas, sus familiares y organizaciones 
de DD HH; testimonios voluntarios. En toda ocasión en que se 
mencionó la posibilidad de dotarlas de verdaderos poderes de 
investigación el Poder Ejecutivo amenazó con el veto. 

Finalmente, en un contradictorio informe, la Comisión encar¬ 
gada de la situación de personas desaparecidas concluyó: 

art. 5) “En el caso de los niños desaparecidos, la 
Comisión concluye en que muchos de ellos fueron 
entregados a familiares de los integrantes del mismo 
aparato represivo" ... 

art. 6) “La comisión no puede concluir en que 
estas irregularidades sean imputables a decisiones 
orgánicas. Aparecen en cambio fundadas indicios 
de que existieron elementos policiales y militares re¬ 
iteradamente denunciados cuya posición es seria¬ 
mente comprometida”. 

(Este artículo contradice el contenido del mismo 
informe, que describe los actos violatorios de los 
DDHH como consecuencia del terrorismo de Es¬ 
tado). 

art 10) “Que estos hechos sólo ocurren cuando 
la sociedad pierde el control de las instituciones 
democráticas y la degradación de algunos hombres 
encuentra libre impunidad para su monstruosa 
acción". 

art. 11) “Que el Parlamento debe levantar hoy su 


20 



voz en nombre del pueblo que, silenciado por la 
fuerza, no pudo en su momento denunciar ante la 
Justicia estos hechos". 

art. 12) “Que el Poder Legislativo ha llegado a 
estas conclusiones en el marco de una investigación 
dentro de los límites constitucionales, pero que está 
seguro de que el Poder Judicial, dotado idónea, 
técnica y constitucionalmente, podrá avanzar rápida 
y efectivamente en el esclarecimiento total de los 
hechos, enjuiciamiento y condena de los culpables" 


El art. 6®, modificado bajo presión del Poder 
Ejecutivo, después de haber sido publicado en la 
prensa, decía originariamente: “En lo referente a las 
causas que motivaron estas desapariciones, esta 
Comisión entiende que las mismas fueron la per¬ 
secución política llevada a cabo por un aparato 
represivo de las Fuerzas Armadas en los años en 
que detentaron el poder, aunque algunas veces 
aparece claro, además del anteriormente men¬ 
cionado, otros motivos que van desde el chantaje y 
la venganza, hasta el más cruel sadismo por parte de 
los ejecutores de dicha política represiva". 

Desde el inicio del período democrático, el Poder Ejecutivo 
obstruyó la libre actuación del Poder Judicial (quien, a su vez fue 
omiso en el rápido cumplimiento de sus funciones). Lo sometió a 
un presupuesto de postración, y obstaculizó la conducción ante la 
Justicia de 3 militares acusados de delitos contra los DD HH. 

Más grave aún: impulsó la expansión de la Justicia Militar. En 
todos los casos de denuncias judiciales por delitos de lesa 
humanidad, la Justicia Militar reclamó competencia. 

Durante meses los juicios quedaron paralizados por esta 
contienda: luego la Suprema Corte de Justicia falló a favor de la 
Justicia Civil en la totalidad de las denuncias. 

La alineación del Poder Ejecutivo y el Partido Colorado con las 
FFAA fue manifestándose día a día con más claridad, hasta 
hacerse definitiva. 

Finalmente el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley 


21 




para amnistiar todos los delitos cometidos por militares y policías 
vinculados directa o indirectamente con la lucha antisubversiva 
durante un período de 20 años. El alcance de este proyecto se 
ejemplifica en palabras del Ministro del Interior, Dr. Antonio 
Marchesano quien aciaró que era alcanzado por la amnistía el 
funcionario que hubiera violado a una prisionera si el móvil era 
obtener información. (Sus palabras constituían una justificación 
de ese crimen aberrante). 

Simultáneamente los militares se expresaban claramente, 
asumiendo responsabilidad por su actuación durante la lucha 
antisubversiva que, a juicio de 17 generales que ocuparon 
puestos de mando durante la dictadura militar, “estuvo impreg¬ 
nada de espíritu patriótico”. 

El proyecto del Poder Ejecutivo no fue aprobado en el Par¬ 
lamento. 

El camino hacia la impunidad se reabrió a través de ne¬ 
gociaciones realizadas entre las Fuerzas Armadas, el Partido 
Colorado y el Partido Nacional. 

Varios proyectos de ley vinculados al tema, redactados por los 
distintos partidos no tuvieron andamiento, hasta que finalmente el 
presentado por la mayoría del partido Nacional (con algunas 
modificaciones posteriores) fue consagrado en ley el día anterior 
a aquél en que debían comparecer ante la Justicia militares impli¬ 
cados en la violación de derechos humanos. Las respectivas 
citaciones habían sido retenidas por el Ministro de Defensa 
Nacional. 

En los alrededores del Parlamento se verificaron incidentes 
entre ios ciudadanos que en gran número habían acudido a 
expresar su repudio al proyecto (luego de una caceroleada de 
protesta) y la policía, que los reprimió duramente. 

Posteriormente el Senado declaró indigno del cargo al sena¬ 
dor Araújo (quien se había caracterizado por sus denuncias de las 
violaciones de los DDHH), acusándolo de instigar a los disturbios 
ocurridos. Según algunos observadores políticos se pretendió con 
ello distraer la opinión pública sobre la ley de impunidad votada. 


22 



“Admitir que quien tenga medios para resistir la 
aplicación de la ley -ya se trate de las FFAA o de un 
movimiento social- puede hacerlo legítimamente, 
equivale a admitir que los fuertes están por encima 
de la voluntad popular y que sólo los débiles están 
sujetos a ella. Y ello sería la negación de la democra¬ 
cia. 

A partir del l^de marzo de 1985 la ley volverá a 
regir parejamente para todos. El Parlamento no 
reconocerá feudos, privilegios ni impunidades. El 
Poder Ejecutivo cumplirá y hará cumplir la ley sin 
vacilaciones. La República es una sola, no habrá 
Estados dentro del Estado” 

“Revancha nunca, justicia siempre; éste es el 
espíritu que tenemos que crear ya en toda la 
República, para que nos lancemos detrás deél... 

No habrá nadie que en este país no esté ampar¬ 
ado por la ley y por la Justicia absolutamente inde¬ 
pendiente" Julio, 1984. 

“Los militares que hubieran incurrido en viola¬ 
ciones a los derechos humanos durante el gobierno 
de facto serán juzgados por la Justicia ordinaria" 
Febrero, 1985 

“Nada debilita más a las Instituciones que la 
promesa vana del político, porque es luego la que 
regresa en ira popular y en sentimientos de 
frustración". Noviembre, 1984. 


Julio Ma. Sanguinetti 
Presidente de la República 


23 




LA IMPUNIDAD Y LOS COMPROMISOS 


DEL GOBIERNO URUGUAYO 


La ley aprobada viola no sólo los compromisos de los partidos 
políticos con la ciudadanía, sino las obligaciones internacionales 
del país; entre otras.: Resolución sobre la imprescriptibilidad de 
los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad del 
26-11-68; Convención de Viena sobre los tratados; Convención 
sobre el genocidio; Convención de Ginebra de 1949, Convención 
contra la Tortura, Declaración Universal de los DDHH, Decla¬ 
ración de 1975 contra la Tortura; Resolución 3/1 del 13/ 2/ 46 y 170/ 
II del 31 -10 - 47 sobre crímenes de guerra; Resolución 95 del 11 
-12-40 sobre derechos reconocidos en Nüremberg, Carta de la 
OEA; Pacto de San José de Costa Rica. 

Por otra parte, resoluciones de la ONU y la OEA, establecen 
la necesidad de investigar las desapariciones y muertes denun¬ 
ciadas, juzgar y sancionar a los culpables, reparar el daño causa¬ 
do a la víctima o su familia y proveer los instrumentos necesarios 
para que estos hechos no se repitan. 

El Estado uruguayo, como estado miembro de estas organi¬ 
zaciones internacionales, es responsable ante la comunidad del 
cumplimiento de esas resoluciones. Esta responsabilidad es inde¬ 
pendiente del cambio de gobierno; quien las asume es el estado 
como tal. 

En carta del 4/6/87 al Pte. Sanguinetti, Americas Wtach 
(Organización de DDHH de Washingtony Nueva York) señaló que 
la ley de Caducidad pone al Uruguay en violación de sus obliga¬ 
ciones internacionales, en tanto que protege a las fuerzas de 
seguridad del país, de juicios, tanto civiles como criminales, por 
abusos de derechos humanos, e impide que las víctimas de dichos 
abusos obtengan reparación. Siendo así, la ley viola. Inter alia, los 
arts. 2 y 4 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, la cual ha sido ratificada por el Uruguay. 


25 



Tampoco se cumplen los compromisos unilaterales que deri¬ 
van de las declaraciones formuladas por representantes del 
Uruguay ante los organismos internacionales en los que se asu¬ 
mió el compromiso de investigar y castigar a los responsables de 
los crímenes. (Manifestaciones del Dr. Giambruno ante la Comi¬ 
sión de DDHH de la ONU y, sobre todo, del Dr. Zumarán y el Sr. 
Hierro, que se comprometieron en nombre del gobierno consti¬ 
tucional al esclarecimiento de los hechos y al castigo de los 
culpables a través de la actuación de la Justicia, compromiso 
reiterado en abril de 1986 por la delegación permanente de 
Uruguay ante la ONU). 

En el 35 período de sesiones del Comité de Derechos Huma¬ 
nos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la 
ONU, muchos de los miembros expresaron sus objeciones a la ley 
aprobada en Uruguay. 

A vía de ejemplo se citan palabras del Sr. Aguiar Urbina 

"... Pareciera que esa ley no sólo concede la 
amnistía a los miembros del régimen militar, sino 
que, además, les garantiza la impunidad. No caben 
dudas de que el logro de la armonía nacional es una 
meta digna de elogio, pero no pueden olvidarse las 
heridas físicas y síquicas que se han infligido a 
muchas personas..." 

...”Con arreglo al Pacto, el Comité ha recomen¬ 
dado la aplicación de algunas medidas en el Uru¬ 
guay. Sería útil conocer más pormenores de la 
relación habida entre esas recomendaciones y la ley 
de caducidad’’.... 

Y las del Sr. Wennergren: 

... Coincide con las preocupaciones ya planteadas, en par¬ 
ticular las atinentes a la ley de Caducidad, que es una cuestión de 
la más alta importancia. 

Desea, además, manifestar otra preocupación: 
la de que otros países que atraviesen una situación 
análoga a la de Uruguay puedan utilizar esa ley de 
modelo. Pregunta a ese respecto si la ley de Ca¬ 
ducidad se aplica a todos los crímenes cometidos 
durante el período dictatorial, incluidos los crímenes 


26 



relacionados con las torüjras y la muerte. Una inter¬ 
pretación de esa índole sería incompatible con el art. 
2 del Pacto. Se pregunta si aun las oonskieraciones 
más prácticas extremas, como las que derivan de un 
período de dictadura, pueden eximirá un Estado de 
las obligaciones que ha contraído en virtud dei art. 
2 "... 

Los sres. Semino y Baliero defendieron la ley ante el organis* 
nx) internacional. Respecto a los desaparecidos dice Baliero: 

‘Vuarxio las familias de las víctimas se niegan a 
presentar pruebas o a testimoniar, difícilmente pue¬ 
de decirse que las investigaciones fracasaron. No 
obstante, el gobierno hace todo lo que está a su al¬ 
cance para averiguar el destino de tos desapareci¬ 
dos"... 

Como puede apreciarse claramente, se trata de una afirma¬ 
ción farisaica, dado el tratamiento que el gobierno uruguayo dio al 
tema y que se informa en otra parte dei presente trabajo. 


27 



LAS VICTIMAS 


Por la ley de caducidad quedan sin investigación judicial ni 
sanción miles de crímenes: detenciones arbitrarias, vejaciones, 
torturas, violaciones de presos, asesinatos, desapariciones ... 

El caso de Horacio Geiós Bonilla es sólo un ejemplo; un 
ejemplo dramáticamente representativo de los sufrimientos de 
todos. 

Geiós Bonilla, edil del Frente Amplio, miembro del Partido 
Comunista, fue detenido el 2/1/76 en la plaza de San Fernando 
(Maldonado). Es, hasta hoy, un desaparecido. Las siguientes son 
algunas frases de los muchos testimonios prestados ante la Comi¬ 
sión de DD HH departamental. 

Su hermana: “mi madre les implora llorando y pide a gritos que 
le devuelvan a su hijo ... recorre en vano los cuarteles..." 

A. P. (obrero de la construcción) ... "estuvimos 45 días con 
capucha y tortura de todo tipo; fuimos al Juez y nunca comprobó 
nada; entonces me traían de vuelta y otra vez al cuartel... Estuve 
en el 4“ de Ingenieros ...me hacían el submarino en la laguna 
donde nos ataban y nos echaban encuero ...Me colgaron hasta 
que las manos me sangraban... nos tiraban en el suelo; cuando 
pedíamos agua nos daban orín y sal muera ...Lo nombraban a 
HGB y nos preguntaban si queríamos que nos matasen... Yo no 
se qué le estaban haciendo; decían: vos sos el Bonillita del 
SUNCA, aquí vas a cantar; una tortura tremenda, porque primero 
pedía que lo matasen antes de hacerle eso y después yo sentí 
unos quejidos bárbaros, para mí que en ese momento desapa¬ 
reció ... creo que estaría estaqueado... gritaba muy fuerte hasta 
que fue cada vez más despacio y después no sentí nada 
Enseguida nos sacaron a nosotros ... muy rápido, muy urgente 
Nos metieron en una camioneta ... uno me dio una patada en la 
cabeza... me dejaron por el camino, venía mal con esa tortura, me 
costaba caminar, estaba envarado ...le ponían una pinza en la 


28 



punta de la columna y la otra en el pezcuezo y eso le daba vuelta 
al espinazo, daba vueltadedolor... y ponían lapicanaenlascaríes 
de las muelas. Estuve 4 veces detenido ... Cuando estaba 
lastimado y casi ciego por los golpes el Dr. Pons me torturó y dijo: 
“éste está para darle"... 

G.G. ... “En la sala de interrogatorios me sacaron la ropa; 
tenían un perro amaestrado ...y me pusieron la picana eléctrica. 
Si sacaba la mano me daban el doble. Me preguntaban por un 
cartel que decía “viva la huelga"... Tuve simulacro de fusilamiento 
...me sentaron en un patio, desnudo y con sal... me pegaron con 
gomas en los pulmones, me pasaban corriente eléctrica, me 
llevaron a algo así como chiquero embarrado... Llevaba 6 meses 
detenido, en el juzgado me dieron la libertad pero me dejaron 7 
meses más. Me obligaron a comer excrementos y tomar orines... 
Cuando salí mi familia estaba desalojada y yo enfermo". 

O.V. “Me bajaron a patadas y trompadas; me pusieron bajo 
una canilla y me echaban agua impidiéndome respirar. Luego me 
colgaron. Al lado mío estaba Horacio Geiós, a quien conocía 
perfectamente ya que tenía una íntima amistad... sentí perfecta¬ 
mente cuando Geiós se quejaba perlas bárbaras torturas ...era 
enfermo del corazón ...me cargaron en un camión y me dejaron 
en la puerta del cementerio ... Llegué tan destrozado por la 
tortura que ni mi madre ni mi hermano me reconocen. Aún ahora 
tengo un dolor impresionante algunos días en los riñones del lado 
izquierdo...". 

L. M. - Detenido muchas veces; picana, submarino, lo hacen 
atacar por un perro: en una oportunidad le habían sacado la 
capucha porque a raíz del submarino seco estuvo inconsciente. 
reconoce a varias personas, entre ellas Geiós. 

M. A.A. (Cuenta situaciones similares. Se le habían 
agusanado las muñecas). ..."Yega una gran patruya, dejaron el 
camión en la portera, parecía un asalto. Como es costumbre 
revisan papelito por papellto, no ayando nada. Bueno, marché 
detenido unas trompadas en la cabeza y al plantón... golpes, me 
quitan la ropa ...se oyen lamentos, todos nos lamentamos, 
aquello era muy duro casi imposible de soportar ...Un buen día 


29 



nos quitan la capucha... unos pocos días y bolvio la tragedia... 
después nos pusieron en libertad ...EI1‘de junio de nuevo al 4“ 
... gritos, lamentos, aquello era indescriptible, yo no sabia donde 
estaba ni si estava dormido o despierto ... tenía un miedo terrible 
a la gente, miedo de salir en libertad. Mientra estaba preso el 
asedio a mi familia, la botadura del techo ... pero también la 
solidaridad de los compañeros... El 2 de enero atropellaron contra 
la puerta, me pusieron la metrayeta en las costillas ... después 
golpiza y ensima picana... nunca me dejaron ir al baño... El 6 de 
enero me tiran en la calle... como pude yegue a casa, pense que 
terminaba, pero otra vez el 9 los mismos... plantón, interrogatorio 
y discos para ocultar los gritos ...se me para un tipo ensima ... 
me sentía bensido, aplastado... (Por fin quedó libre y huyó del 
país con ayuda de alguien que arriesgó su vida por salvarle) 

...” vuelven por mí, acedio permanente a mi familia... mi nieto 
que presenció todo el drama tiene 19 años y debe ser tratado 
psíquicamente y eso no es fácil... aquellas heridas no sicatrizan 
jamás... allá quedó mi pequeña granja, mi casa, mis animales, 
mis herramientas, todo, todo el sacrificio de una familia ... pero 
tampoco nadie debe olvidar el inapreciable apoyo de compañeros 
como ...i 

A.R. ..."me tiraron de un camión en marcha con las manos 
atadas... estaba allí Geiós’’... 

Son sólo frases extraídas de muchos y muy largos testirrx)- 
nios. Apenas un indicio de la tragedia vivida por tantos uruguayos. 
El dolor, la permanente inseguridad, la pérdida del trabajo, la 
destrucción de la familia, la persecución sin tregua ... en algún 
caso hasta por el solo delito de haber apoyado una huelga ... 

Todo eso, para la ley, no merece investigación. Los 
responsables no serán juzgados, pero, lo que es más grave para 
el futuro del país, continuarán en su puestos de mando. 


30 



LLAMAMIENTO 


Los abajo firmantes, ciudadanos uruguayos inspirados en los 
principios básicos de nuestra nacionalidad: la libertad, la de¬ 
mocracia, la justicia y la convivencia pacífica, consideramos 
imprescindible que todo el pueblo, en ejercicio directo de la 
soberanía, sea quien resuelva si hade regiro no la ley N® 15.848, 
llamada “de caducidad de la pretensión punitiva del Estado”, que 
en realidad impide el juzgamiento de quienes incurrieron en 
gravísimas violaciones de los derechos humanos y pretende 
asegurarles la impunidad. Esa impunidad constituiría una afrenta 
a los sentimientos democráticos del pueblo uruguayo, a principios 
jurídicos universalmente reconocidos y a las más puras tradi¬ 
ciones nacionales, enraizadas en la gesta artiguista. 

La sanción de esta ley, que constituye una grave amenaza 
para el afianzamiento de la democracia que con tanto esfuerzo y 
sacrificio reconquistamos al cabo de más de una década de 
usurpación dictatorial, generó una inmediata y espontánea 
reacción en todos los sectores de la ciudadanía, y un clamor 
popular para que se pusiera en movimiento contra ella el recurso 
de referéndum que establece la Constitución en su artículo 79 
inciso 2® a fin de proteger los valores esenciales de la justicia y la 
igualdad de todas las personas ante la ley. 

La iniciacón del proceso de recolección de firmas para hacer 
posible que todo el pueblo, por encima de partidismos, pronuncie 
la última palabra sobre este tema de vital importancia para la 
República, fue comunicada formalmente a la Corte Electoral el 12 
de enero de 1987, en el escrito presentado por las Sras. Matilde 
Rodríguez Larreta de Gutiérrez Ruiz, Elisa Delle Piane de Miche- 
lini y María Esther Gatti de Islas. 

En el día de hoy constituimos una Comisión Nacional inte¬ 
grada, al margen de toda clase de intereses partidarios, por 
personas representativas de los distintos sectores de la actividad 
nacional, llevadas sólo por su libre conciencia cívica . Esta 


31 



Comisión Nacional encabezará la recolección de firmas y la 
ulterior campaña de organización de la votación popular en que 
culminará el proceso del referéndum contra los artículos 1® a4® de 
la ley N® 15.848. 

Por lo tanto, CONVOCAMOS a dar su firma paa hacer posible 
este referéndum a todos los que compartan nuestra convicción de 
que debe ser el pueblo uruguayo, en ejercicio directo de su 
soberanía, quien adopte la decisión definitiva. 

Montevideo, 28 de enero de 1987 


32 



Comisión Nacionai pro Referéndum 


Roberto Avellanal 
Mario Benedetti 
Ricardo Caritat 
José Pedro Cirillo 
Aquiles Delfino 
José D’Elía 
Eladio Dieste 
Vicente Foch Puntigliano 
Jorge Gamarra 
Nelly Goitinho 
Nicolás Grab 
Luz Ibarburu de Recagno 
Benjamín Liberoff 
Carlos Medilharsu 
Walter Malan 
Ana Lía Piñeyrua 
Luis Pérez Aguirre 
Américo Plá Rodríguez 
Tota Quinteros 
Julio Ricaldoni 
Arturo Rodríguez Bonilla 
Helios Sarthou 
Diego Terra Carve 
Fernando Urioste 
Eduardo Vaz Ferreira 
Viola Peluffo 

Ma. Cristina Zabaikin de Roslik 
China Zorrilla 


Alejandro Artuccio 
Alberto Candeau 
Horacio Cassinelli Muñoz 
Luis Alberto Comas 
Elisa Delie Piane de Michelini 
José Pedro Díaz 
Obdulia Ebole 
Eduardo Galeano 
María Esther Gatti de Islas 
Carlos Gómez Haedo 
Fernando Hasaj 
José Korseniak 
Rodolfo Lutegui 
Emilio Mathaitis 
Carlos Paysée Cash 
Mario Llana Ricardo 
Alberto Pérez Pérez 
Haroldo Ronce de León 
Reyna Reyes 
Matilde Rodríguez de 
Gutiérrez Ruiz 
Nelson Sica 
Rodolfo Tálice 
Ramón Valdés Costa 
Tabaré Vázquez 
llda Vence 

Justino Zavala Carvalho 
Gloria Demassi 


Recayó la presidencia en las Sras. Elisa Oelle Piane de 
Michelini, María E. Gatti de Islas y Matilde Rodríguez de Gutiérrez 
Ruiz. 

En su sesión constitutiva la Comisión Nacional por Referén¬ 
dum emitió un llamamienio. 


33 



Montevideo, 29 de enero de 1987 


COMUNICADO DE PRENSA 


Las Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desapare¬ 
cidos asistimos con gran satisfacción a la formación de la 
Comisión Nacional Por-Referendum. 

La rápida respuesta dada por tan altas personalidades a la 
convocatoria impulsada conjuntamente por Familiares, Matilde 
Rodríguez de Gutiérrez y Elisa Dellepiane de Michelini, pauta de 
por sí el enorme eco que nuestras banderas concitan en todos los 
sectores de nuestra sociedad y significa un inmenso estímulo para 
todos quienes nunca dejamos de confiar en que nuevamente los 
orientales darán prueba de su dignidad. 

Se han visto contemplados de esta forma, nuestros deseos 
expresados desde siempre, de que ésta debía seruna iniciativa de 
carácter nacional, signada por el espíritu de la mayor amplitud, del 
mayor pluralismo. 

La propia calidad moral y cívica de los integrantes de la 
Comisión, así como la representatividad de la misma -que expresa 
a los más diversos sectores políticos, religiosos y culturales- 
constituyen una garantía acerca de los alcances y objetivos de 
esta campaña. 

La misma no tiene otro sentido que poner en marcha el 
mecanismo democrático por excelencia: la expresión directa de la 
voluntad de todos los ciudadanos. 

Así, mediante el libre ejercicio de la participación democrática 
que tanto hemos reclamado, los uruguayos podremos hacer saber 
nuestro real sentir. Hacer saber que nuestro espíritu justiciero, 
nuestro afán de auténtica paz, nuestras ansias de verdad, perma¬ 
necen intactos. 

Desde este momento, la Comisión Nacional, recoge años de 
luchas y anhelos, años de lágrimas y esperanzas. Llamamos al 
pueblo oriental que comprende que ninguna ley puede imponer 


34 



que nuestros familiares jamás existieron, que no se resigna a dejar 
de buscar -sabiendo perfectamente cómo hacerlo- a nuestros 
niños secuestrados, que no admite que la dignidad nacional sea 
avasallada, a sumarse a los esfuerzos de la Comisión y poner su 
firma por el derecho de todos a expresarnos. Por el derecho de to¬ 
dos a la VERDAD Y A LA JUSTICIA. 

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos 


35 






Montevideo, 22 de febrero de 1987 


PROCLAMA 


“Ciudadanos: 

Mi autoridad emana de vosotros y elia cesa ante vuestra 
presencia soberana. 

La Comisión Nacional pro Referéndum integrada por ciuda¬ 
danos uruguayos inspirados en ios principios básicos de nuestra 
nacionalidad: la libertad, la democracia, la justicia y la convivencia 
pacífica, consideramos imprescindible que todo el pueblo, en 
ejercicio directo de la soberanía, sea quien resuelva si ha de regir 
o no la ley número 15.848, llamada de caducidad de la pretensión 
punitiva del Estado, que en realidad impide el juzgamiento de 
quienes incurrieron en gravísimas violaciones de los derechos 

humanos y pretende 
asegurarles la impunidad. 

Esa impunidad consti¬ 
tuiría una afrenta a los 
sentimientos democráti¬ 
cos del pueblo uruguayo, 
a principios jurídicos uni¬ 
versalmente reconocidos 
y a las más puras tradicio¬ 
nes nacionales, enraiza¬ 
das en la gesta artiguista. 

La sanción de esta ley 
que constituye una grave 
amenaza para el afian¬ 
zamiento de la democra¬ 
cia que con tanto esfuerzo y sacrificio reconquistamos al cabo de 
más de úna década de usurpación dictatorial, generó una inmedi¬ 
ata y espontánea reacción en todos los sectores de la ciudadanía, 
y un clamor popular para que se pusiera en movimiento contra ella 



37 




el recurso del referéndum que establece la Constitución en su 
artículo 79, inciso 2do.. a fin de proteger los valores esenciales de 
la Justicia y la igualdad de todas las personas ante la ley. 

La iniciación del proceso de recolección de firmas para hacer 
posible que todo el pueblo, por encima de partidismos, pronuncie 
la última palabra sobre este tema de vital importancia para la 
República, fue comunicada formalmente a la Corte Electoral, el 12 
deenerode 1987, en el escrito presentado por las señoras Matilde 
de Rodríguez barreta de Gutiérrez Ruiz, Elisa Delle Plañe de 
Michelini y María Esther Gatti de Islas. 

En el día de hoy, constituimos una Comisión Nacional inte¬ 
grada, al margen de toda clase de intereses partidarios, por 
personas representativas de los distintos sectores de la actividad 
nacional, llevados sólo por su libre conciencia cívica. 

Esta Comisión Nacional encabezará la recolección de firmas 
y la ulterior campaña de organización de la votación popular en 
que culminará el proceso del referéndum contra los artículos 1^ al 
4to. de la ley N015848. 

Por lo tanto, CONVOCAMOS a dar su firma para hacer posible 
este referéndum a todos los que compartan nuestra convicción de 
que debe ser el pueblo uruguayo, en ejercicio directo de la 
soberanía, quien adopte la decisión definitiva. 


38 








17 de diciembre de 1987 

TERMINA EXITOSAMENTE LA ETAPA 

DE RECOLECCION DE FIRMAS 

PROCLAMA 


En la mañana del domingo 22 de febrero de este año, frente 
al monumento a Artigas, en la Plaza Independencia de Montevi¬ 
deo, dimos comienzo a la campaña de recolección de firmas para 
someter a Referéndum la ley llamada “de caducidad”. Ese día, 
dejamos una ofrenda de flores para el hombre cuya autoridad 
inmensa, mayor que la que haya tenido nadie en esta tierra, 
reconocía con grandeza su límite en la soberanía del pueblo. 

Van a cumplirse 300 días de aquella mañana, en la cual las 
tres mujeres que recibimos el honor de encabezar la campaña 
estampamos las primeras firmas. Contábamos entonces, frente a 
la enorme tarea que teníamos por delante, con una profunda y 
serena confianza en los hombres y mujeres de este país, en su 
voluntad firme de corregir las injusticias, en su valor probado ante 
tantas adversidades. Con esta única compañía, nos sentíamos 
seguras de que la meta, que muchos consideraron imposible, 
estaba al alcance del esfuerzo de nuestra gente. 

Hoy, frente al mismo monumento a Artigas, podemos mostrar 
con emoción la ofrenda de 630.000 voluntades de orientales, que 
quisieron y pudieron demostrar su confianza en la democracia, su 
determinación de poner el futuro del país en manos del pueblo, su 
coraje sereno y su derecho, irrenunciable, a la herencia artiguista. 

Hemos sobrepasado largamente la cantidad de firmas exi¬ 
gida, en la Constitución de la República, para que se realice la 
consulta popular. Ños preparamos, reconfortados por la magnitud 
de este pronunciamiento, para llevar adelante la campaña que 
asegure la derogación de la ley, y abra el camino de la paz con 
justicia que el país necesita. 

Lo alcanzado no es patrimonio de la Comisión Nacional pro 
Referéndum, ni de ninguna de las fuerzas pol íticas y sociales que 


41 



han entregado, generosamente, su esfuerzo a la campaña. Estas 
630.000 firmas, que hoy entregamos a la Corte Electoral, son el 
fruto del diálogo sencillo entre orientales que, por su libre voluntad 
y convencimiento, quisieron que el pueblo decida. Sólo pertene¬ 
cen a la dignidad nacional y a la mejor historia de nuestro país. Han 
sido hombres y mujeres de todos los partidos los que han recorrido 
el Uruguay entero, y los que han dejado constancia, con sus 
firmas, de la libertad de sus conciencias. Sin otra bandera que la 
de la patria, ni otros enemigos que la resignación y el miedo, la 
labor anónima y paciente de una multitud construyó este día de 
fiesta, y despejó la sombras que amenazaban nuestra alegría. 

Hoy nos disponemos a festejar la llegada a la primera meta 
que nos propusimos, con la mente y el corazón puestos ya en la 
gran tarea de anular, definitivamente, las trabas legales a la 
justicia. Es imposible no tener presente, en este momento, el valor 
decisivo de los miles de compañeros y compañeras que le dieron 
sustento, fuerza y concreción al ideal de todos. No hubo lugar del 
país del cual no surgiera, con capacidad de sacrificio siempre 
renovada, un grupo de uruguayos dispuesto a darle a la campaña 
sus merecidas horas de descanso, su imaginación, su tenacidad 
y su inteligencia. Esta Comisión Nacional no tuvo ejecutores de 
sus directivas, sino amigas y amigos generosos que pusieron, 
junto al músculo, el espíritu, y junto al tesón la riqueza inagotable 
de sus ideas y su personalidad propia. La esperanza que ha ido 
creciendo en estos 300 días se alimenta, tanto como de la 
impresionante cantidad de firmas recogida, de la experiencia 
conmovedora que nos permite decir hoy, con certeza, “yo tengo 
tantos hermanos, que no los puedo contar”. 

Al comienzo, muchos de los caminos anchos para comunicar¬ 
nos con el país se nos cerraron. En su lugar se abrieron un millón 
de caminitos, en el diálogo mano a mano entre orientales, tejiendo 
por todas partes una trama que ya no va a romperse. De ese 
intercambio de ideas, en el respeto mutuo, que buscamos y en¬ 
contramos con creces en cada hogar que nos recibió, surge con 
una fuerza y una calidez enormes, que no pueden dar por sí solos 
los grandes actos y los medios de comunicación masiva, una rea¬ 
firmación de la democracia que mucho bien le hará al país. 
Quienes escuchamos y fuimos escuchados, para decidir juntos 
qué futuro queremos, no olvidaremos ya que la soberanía del 


42 



pueblo no es una bella frase en los libros, sino una posibilidad 
cierta y nuestra mejor esperanza. 

Sentimos la obligación, porotra parte, de hacerle justicia a los 
medios de comunicación de los departamentos del interior, que 
muchos pensaron que era impensable encontrar abiertos a 
nuestra campaña, y que han sido un verdadero ejemplo de respeto 
y amplitud ante el referéndum. Del mismo modo, la población del 
interior, de la cual se afirmaba con tanta ligereza que no nos podía 
entender ni apoyar, ha demostrado una vez más que el aislam¬ 
iento material que sufre, desgraciadamente, en tantos casos, no 
afecta ni su rectitud, ni su inteligencia, ni su dignidad. Encontra¬ 
mos, sí, en el interior, muchas, demasiadas personas que no 
sabían en qué consistía la ley de caducidad, ni que'era el 
referéndum. Pero también encontramos el genuino interés por 
conocer los hechos, la disposición fraterna a recibirnos con re¬ 
speto, y por supuesto, también, en una altísima cantidad, la 
decisión firme y serena de apoyar la campaña. 

Sin apresuramiento y sin pausas, cientos de miles de compa¬ 
triotas hicieron llegar a nuestra Comisión, día tras día y desde 
todas partes, el testimonio de su fe en la democracia. Hoy, cuando 
la esperanza que pareció perdida vuelve, definitivamente, al cora¬ 
zón de todos, sabemos que hay otros cientos de miles que, sin 
haber firmado, no vacilarán frente a su conciencia el año próximo, 
cuando deban votar por un futuro de justicia. 

Si teníamos, hace 300 días, una confianza inquebrantable en 
que las firmas llegarían, hoy tenemos la certeza de que podemos 
y debemos confiar en la sana decisión de la gente el año próximo. 
No podemos dudar, ante la respuesta que ya recibimos. La 
próxima fase de la campaña será, sin duda, larga y difícil. Pero 
contamos con la formidable capacidad de trabajo, de creatividad 
y de organización que han demostrado las comisiones vecinales 
de todo el país. Contamos con la probada entrega y generosidad 
de las organizaciones sociales y políticas que apoyan el referén¬ 
dum, y que han puesto su experiencia y sus recursos humanos al 
servicio de la campaña, sin buscar más beneficio que el del país. 
Contamos con el grupo humano estupendo que nos acompañó 
más de cerca durante estos meses, en el local de la Comisión, y 
cuyo trabajo muchas veces no se ve ni se destaca, pero sin cuya 
dedicación, solvencia y calidad humana esta campaña no habría 
podido desarrollarse con éxito. 


43 



Contamos, en fin, con el mismo respeto a la libertad y al buen 
Juicio de cada uruguayo que, desde el primer día, guiaron nuestra 
campaña, y llamamos fraternalmente a la reflexión a quienes aún 
dudan. Lo que parecía una ilusión desesperada, hoy es una 
hermosa realidad de esperanza para todos. ¿Qué cosa no podre¬ 
mos conseguir, si unimos nuestra voluntad sin recelos, para esta 
tierra con tanto derecho a construir su felicidad? Hoy, con estas 
630.000 firmas, se termina la falsa creencia de que somos el país 
del “no te metas" y el “no se puede”. El año próximo, cuando la 
soberanía popular se exprese, debe afirmarse de una vez para 
siempre otro país, confiado en sus fuerzas y en su dignidad, que 
nuestros muertos merecen y nuestros hijos heredarán. 

Tendremos aún mucho que hacer juntos, pero el día de hoy 
es de júbilo, y queremos compartirlo con todos. Sabemos que 
ningún uruguayo de buena voluntad, sean cuales sean sus con¬ 
vicciones, puede sentir otra cosa que alegría al saber que, como 
corresponde en una democracia, el poder de decidir qué futuro 
queremos está en nuestras manos. 


Ma. Esther Gatti de Islas 
Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz 
Elisa Dellepiane de Michelini 


Montevideo, 17 de diciembre de 1987 


44 




45 








BREVE HISTORIA DE UN FRAUDE 


A último momento, en la noche de ayer (19/10//88) la 
Comisión Nacional Pro-Referéndum resolvió retirar sus delega¬ 
dos del control de firmas en la Corte Electoral considerando, que 
la burla y el fraude llegaron a límites inconcebibles. 

Sedescubrió en el día de ayer que la firma del SenadorCarlos 
Julio Pereyra, dirigente del Movimiento de Rocha -quien fue 
candidato a la vice-presidencia de la República en las últimas 
elecciones- había sido anulada algún tiempo atrás. Agregándose 
el hecho de que la firma del Oral. Liber Seregni -Presidente del 
Frente Amplio- ha quedado en suspenso. 

La Comisión Nacional y el Grupo de Madres de Uruguayos 
Detenidos Desaparecidos, consideramos que estas firmas valen 
tanto como ladecualquierciudadano;pero estasituacióncorrobo- 
ra el fraude que denunciáramos y en consecuencia no podemos 
legitimar con nuestra participación la estafa al pronunciamiento 
popular. Si bien estábamos considerando la posibilidad de retirar¬ 
nos, esperábamos el momento oportuno para hacerlo y éste ha 
llegado en el día de hoy. 

A partirde este momento sólo nos queda luchar a nivel político 
no sólo con nuestras fuerzas sino con todo el apoyo internacional. 

I. ACLARACIONES PREVIAS 

1.1. La Corte Electoral como órgano de la 
Justicia Electoral 

El órgano encargado de impartir justicia en materia de actos 
electorales en el Uruguay es la Corte Electoral. La misma, es un 
órgano independiente de los tres poderes clásicos del Estado, 
integrado por nueve miembros. Cinco de ellos son designados por 
la Asamblea General (reunión de ambas cámaras del Parlamen¬ 
to), debiendo recaer la designación en ciudadanos que, “por su 
posición en la escena política, sean garantía de imparcialidad” 
(art. 324 de la Constitución). Los cuatro miembros restantes 


47 



también son electos por la Asamblea General, pero en este caso 
por votación por listas. La regla es que estos miembros no son 
imparciales, sino que responden dos al partido mayoritario y dos 
al que le sigue en número de votos. En todos los casos, las 
resoluciones de la Corte se adoptan por mayoría de votos de sus 
componentes, exigiéndose en algunos casos particulares mayo¬ 
rías especiales. 

Según el art. 322 de la Constitución, a la Corte Electoral 
compete “conocer en todo lo relacionado con los actos y procedi¬ 
mientos electorales” (Lit. A), así como “decidir en última instancia 
sobre todas las apelaciones y reclamos que se produzcan, y ser 
juez de las elecciones de todos los cargos electivos, de los actos 
de plebiscito y referéndum” (lit. C). Resulta de aquí que, para el 
caso de referéndum que se promueve contra la “ley de impuni¬ 
dad”, sea la Corte Electoral la encargada de determinar, en base 
al contralor de la autenticidad de las adhesiones, si el recurso es 
procedente. 

1.2. La Credencial Cívica 

Según la Constitución vigente, ‘lodo ciudadano es miembro 
de la soberanía de la Nación; como tal es elector y elegible...” (art. 
77). El mismo artículo dispone que el sufragio se ejercerá de 
acuerdo a determinadas bases, entre las cuales se menciona la 
inscripción obligatoria de todos los ciudadanos en el Registro 
Cívico. 

La inscripción se acredita mediante un documento llamado 
Credencial Cívica. En la Credencial figura, además de la foto del 
titular, su firma y la serie y el número que identifican ese docu¬ 
mento (por ejemplo, la serie puedeser ABC, y el número 32821). 

Cuando un ciudadano, en el caso concreto del recurso de 
referéndum, desea expresar su adhesión a la iniciativa, estampa 
su firma en una hoja diagramada a los efectos (papeleta). A 
continuación de la firma, señala, su serie y número de Credencial. 
La mención de la serie y número tiene por finalidad permitir el 
acceso al Registro para corroborar si esa firma coincide con la 
registrada; la voluntad del firmante se expresa mediante su firma. 


48 



II. REFERENDUM Y MARCO NORMATIVO 


El art. 79, Inc. 2® de la Constitución establece que “el vein¬ 
ticinco por ciento del total de inscriptos habilitados para votar, 
podrá interponer, dentro del año de su promulgación, el recurso de 
referéndum contra las leyes...”. 

Cuando el 22 de diciembre de 1986 el Parlamento sancionó 
la ley 15.848, “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del 
Estado” (conocida popularmente como “ley de impunidad”), el 
Grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos - Desa¬ 
parecidos, junto a Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz y Elisa 
Dellepiane de Michelini (viudas de los legisladores asesinados en 
Argentina en mayo de 1976), convocó a la ciudadanía a juntar 
firmas para someter la ley a un referéndum. En definitiva, se 
proponía que fuera el pueblo el que decidiese si debía perdonarse 
a los militares y policías que cometieron graves violaciones a los 
Derechos Humanos durante la dictadura militar. A raíz de este 
llamamiento, el 22 de febrero del 987 se formó la Comisión 
Nacional Pro-Referéndum. La misma, integrada por numerosas 
personalidades del espectro político, social y religioso del país, se 
encargó desde entonces de la coordinación de la campaña. 

Como se sabe, la campaña pro-referéndum culminó su 
primera etapa de recolección de firmas el 17 de diciembre de 
1987. Ese día se entregaron a la Corte Electoral más de 630.000 
firmas, recogidas en un año de movilización. A partir de ese 
momento, corresponde a la Corte Electoral corroborar la validez 
de todas y cada una de las firmas presentadas. Si la Corte Elec¬ 
toral entiende que son válidas por lo menos 557.072, entonces la 
ley será sometida al veredicto del Cuerpo Electoral. 

La Corte expresó en la circular 5664 del 26-7-86: “No existen 
reglamentaciones legales de los procedimientos a los que acaba 
de hacerse referencia (iniciativa de reforma constitucional, inicia¬ 
tiva de referéndum en materia de leyes, etc.). Hasta ahora la Corte 
Electoral, frente a cada caso concreto y una vez planteado, ha im¬ 
partido pautas para la tarea que deben cumplir las oficinas. Esta 
conducta no resulta recomendable pues los pronratores carecen 
de la certeza cuando emprenden un movimiento destinado a 


49 



anular una ley o imponer una solución política, sobre los detalles 
cuya inobservancia puede impedir el cumplimiento de sus 
propósitos. Por otra parte, tos criterios cambiantes no son posibles 
con este proceder, resienten el prestigio de la administración de 
justicia electoral. Las razones expresadas indican la conveniencia 
de que tanto el recogimiento de las firmas como su verificación, se 
realicen dentro de un marco normativo que no ofrezca dudas 
sobre tos pormenores de su proceso". 

III. PROCESO DECONTRALOR 


Según la reglamentación citada, el proceso de verificación de 
firmas se desarrollaría en las siguientes etapas: 

I) se numera cada una de las firmas en forma correlativa: 

II) por cada firma se confecciona una tarjeta en la que se indica 
la serie y número de credencial del firmante; 

III) se ordenan estas tarjetas de acuerdo a la serie y número 
indicados; 

IV) se adjunta a esta tarjeta la hoja electoral que es la copia 
de la Credencial Cívica que obra en tos registros de la Corte 
Electoral. 

V) se reordenan las tarjetas según el número de firma adjudi¬ 
cado en ia primera operación. 

VI) se comparan las firmas de las papeletas con las hojas 
electorales. 

IV. IRREGULARIDADES EN EL CONTRALOR 

Durante las distintas etapas cumplidas, numerosas irregu¬ 
laridades condujeron al descarte arbitrario de gran número de 
adhesiones. A título de ejemplo mencionamos algunas de ellas. 

En la primera etapa tos representantes del partido de gobierno 
pidieron la anulación de miles de firmas, basándose en que, por 
ejemplo, unO de tos números de la Credencial indicada por el 


50 



firmante era más grande que el resto, o porque indicaba el ante¬ 
rior número de Credencial y el vigente. 

Se pretendía que estas firmas fueran anuladas. Por la pro¬ 
testa de la Comisión Nal. pro Referéndum, apoyada por una gran 
movilización popular, se resolvió numerarlas aparte de las demás, 
a fin de que el firmante, en una etapa posterior, ratificara perso¬ 
nalmente su adhesión. Esto significa que, en la marcha del 
proceso, se agrega un nuevo requisito no previsto en la 
reglamentación bajo la cual se realizó la recolección de firmas. 

Durante la segunda etapa, en la transcripción a las tarjetas de 
los números y series, ante la duda razonable de si se trataba de 
una u otra letra o de uno u otro número (por ejemplo, “u” o “v”, “3” 
u “8”), se impidió poner ambos caracteres para luego verificar, 
exigiendo que se decidiera por una de las posibilidades. En esa 
oportunidad, la Corte Electoral rechazó más del 95% de los 
recursos presentados por la Comisión Nacional Pro-Referéndum. 

La misma situación de confusión de letras y números se 
reiteró en la tercera etapa debido, ahora a la dificultad en la 
caligrafía de los propios funcionarios de la Corte Electoral. 

Cuando se procedió a la adjunción de la tarjeta a la hoja 
electoral, se constató que más de 25.000 hojas electorales falta¬ 
ban. Se trata de extracciones de hojas que están bajo cuidado de 
la Corte, sin que se deje constancia de la causa de su extracción. 

En la última etapa -cotejo de firmas- se han rechazado cientos 
de firmas debido a que no coinciden exactamente la firma de la 
papeleta de adhesión con la registrada en la hoja electoral. De 
esta manera se desconoce arbitrariamente un hecho natural y 
obvio: una persona, a los 50 años, no firma exactamente igual que 
lo hiciera cuando tenía 18 años, en el momento de sacar su 
credencial. Incluso se ha llegado a rechazar la firma de personas 
que adhirieron públicamente al recurso de referéndum. 

Se dieron casos en que ios funcionarios encargados del 
cotejo de las firmas (uno a favor y otro en contra del referéndum) 
coincidían en aprobar la firma y la Corte, en una segunda instan¬ 
cia, resolviera, aún contra sus propios funcionarios, rechazarla. 


51 



“El procedimiento de verificación por la Corte 
Electoral se hizo innecesariamente lento y, en oca¬ 
siones, no ayudó a la clarificación. La actividad de la 
Corte también se vio dificultada por las acciones, 
frecuentemente arbitrarias y partidistas, de los 
delegados del Partido Colorado ante la Corte, cuyas 
impugnaciones a miles de firmas se basaron en 
muchas ocasiones, en argumentos pueriles" 

Americas Watch - informe del 12/3/89 


V. MARCO POLITICO 

Paralelamente a estas maniobras, y como telón de fondo, se 
llevaron adelante medidas tendientes a enrarecer el clima en torno 
al referéndum. 

En numerosas manifestaciones de representantes del partido 
de gobierno se trató de confundir a la población afirmando que las 
firmas no eran suficientes, debido a que las mismas habían sido 
recogidas sin observar las reglamentaciones existentes. 

Todas estas manifestaciones públicas procuraron desvirtuar 
y disimular el proceso de despojo a la voluntad ciudadana que se 
llevaba a cabo en la Corte Electoral. 

VI. CONCLUSIONES 

Considerando que el clima de tensión y arbitrariedad en la 
Corte Electoral no sólo se mantuvo sino que, día a día se hizo 
mayor, el Grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos- 
Desaparecidos denunció el fraudulento procedimiento del máxi¬ 
mo órgano de la justicia electoral nacional, que responde a los 
intereses del partido de gobierno, apartándose del deber de 
imparcialidad exigido por el texto constitucional. 

La actitud de la Corte Electoral “resiente el prestigio de la 
administración de justicia electoral”, causando preocupación por 
la parcialidad del órgano encargado de “serjuez de las elecciones 
de todos los cargos electivos"(at\. 322 Lit. C Constitución). 


52 



RECURSO DE REFERENDUM 


let flrmontM lnt«rpon*mw «I ICCUISO DC MfilENOUM centro el Capitule i (orllculec 1*, 2*, 3* y 4*) de 
lo ley N* 1S.I4t, de 33 de dktembre de I9ld. fundéndene* en le dhpuette en el incite te 9 wnde del articule 
79 de lo Centtitucidn de lo Iep6blka. 

POI lO TANTO. lOUCHAMOS que dlcfte Copitwle eeo temeHdo o lo vetecidn del Cuerpo Electerol, poro 
que te etié en definitivo o le que dkpengo lo Noción en e|erckle directo de tu teberonlo (ortkule t3. Incite 
tegunde. de lo CentHluclón). 

A let efectet Indkodot en el ortkule 1Ó del leglomente de lo Corte Electerol contenido en le Circulor 
N* S.4Ó4. de 31 de julio de 1984. detignomet come repretentontet o loe Sret. Matilde lodrlguei lorrelo de 
Guli4rrec luU (Credencial CIvko AXB 23003). Elito Delle Fione de Mkhellnl (Credenclol CIvke AZB 32S3) y 
Merlo Etler GottI de Itlat (Crederwlol Cfvko Alt 3308). o qu i e n ee focuhomoe poro detlgrMr delegodot. 



N! 312397 


53 










EJEMPLOS DE FIRMAS 
NO NUMERADAS POR LA CORTE 


8ÉRIE 

BPffffnín 

CAUSA DE ANULACION 

6NA 

D'M- 

/i53U 

PORQUE TACHARON LA SERIE ANOTADA EN OTRO 

CASILLERO 


zsasA 

PORQUE UN NUMERO ES MAYOR QUE EL RESTO 

&C4 

231t.5 

PORQUE LA-B* TIENE UN BORRON DE TINTA 

B\16 

4L630 

PORQUE PUEDE SER "V CORTA 0 nj* 

3TA 

n<4sa 

PORQUE ESTA REPASADO EL PALO DE LA 'B* 

CTA 


PORQUE EL 6 ESTA REPASADO 

C41. ABA 

453?0 

PORQUE AGREGO C.C. (CREDENCIAL CIVICA) 

0TA 

48840 

PORQUE LA TB* PUEDE SER EL NUMERO TRECE 

3?A 

ZI3H2 

PORQUE ÍA -O- FUE CAMBIADA POR -B’ 

m 


PORQUE AP^CE EL NUMERO DE SERIE ARRIBA Y 

■nfMHi 

C.l. DEBAJO 

E 

3333 

PORQUE APARECE ADEMAS DE LA C.C. LA INDIVIDUAL 


034ia 

DACTILOSCOPICA (E 3333) 

■ - 

CAA 

ÜÉI 

PORQUE ESTA TACHADA LA SERIE EN EL RENGLON 

SUPERIOR Y ACURADO DEBAJO 

|39H 

2313 

PORQUE ESTA ANOTADA LA SERIE VIEJA Y EL 


36 2'>3 

TRASLADO TAMBIEN 

191 

23241$ 

PORQUE APARECE UNA LETRA DEBAJO DE U SERIE 


2M5AO 

PORQUE APARECE UNA TACHADURA DEUNTE 

BZ8 ' 

«i23<432 A 

PORQUE HAY.TACHADURAS EN LA NUMERACION 


(Im itriM y númtrof futron toni*dot al aur a modo dt tjtmplo) 


J 






















































COMUNICADO DE PRENSA 


Como Familiares de Detenidos Desaparecidos queremos expresar 
nuestra discrepancia sobre el desarrollo de la primera etapa de verifica¬ 
ción y conteo de las firmas, no preternjiendo profundizar elementos jurí¬ 
dicos y políticos que ya han sido analizados por personas especializadas 
en la materia. 

1 No se puede dudar que toda persona que estampó su firma en 
una papeleta expresó su voluntad de someter a votación la Ley de 
Caducidad. Hoy, la Corte Electoral pretende anular la existencia de 
esa voluntad a partir de elementos totalmente secundarios que de 
forma alguna impiden la identificación del documento cívico. 

2. Queda claro que el miedo de los que impulsaron y llevan 
adelante la Ley de Caducidad, y que no deciden por razones de 
justicia ni basados en leyes, sino por intereses y móviles políticos, 
los lleva a querer evitar por todos los medios el pronunciamiento de 
la ciudadanía a través del voto. 

3. Es tal el temor a la verdad que toda posibilidad de Investigación 
y búsqueda queda reducida al ámbito del Poder Ejecutivo quien 
decide qué casos se investigan y quiénes lo llevan adelante. Así el 
caso de los níhos pasa a mano del Consejo de Niho y se le da a un 
Fiscal Militar la investigación de los únicos casos que el Poder Eje¬ 
cutivo considera pertinente investigar. 

Es ese mismo temor a la verdad y a la justicia k) que los lleva a 
obstaculizar la decisión popular. 

Nosotros como Familiares de Detenidos-Desaparecidos reafirmamos 
que el pueblo firmó para ejercer su^voluntad. 

No aceptamos fraudes jHABRA JUSTICIA!!! 

Madres y Familiares de 
Detenidos-Desaparecidos 


55 








ARRESTOS EN FILAS MILITARES 


Corre el mes de agosto de 1988 y en el marco de la etapa de 
fiscalización de firmas que promueven el recurso de Referéndum 
contra la ley de “Caducidad del Ejercicio de Pretensión Punitiva del 
Estado” (Ley de impunidad) N® 15848, el Ministerio de Defensa 
Nacional, toma conocimiento de que el Capitán de Navio Ber¬ 
nardo Gastón Silbermann Victorá había adherido con su firma a 
ese recurso. 

Como consecuencia de ello el referido Ministerio dispone el 
arresto del militar firmante como sanción administrativa. La me¬ 
dida adoptada se funda en que el militar podría haber incurrido en 
un delito electoral al tenor del artículo 77 inciso 4 de la Constitu¬ 
ción Nacional. 

Manifestaciones del propio Ministro de Defensa Nacional 
dejan en claro la intención ^lítica de tal medida. El Teniente 
General (retirado) Hugo Medina sostiene que la sanción es “una 
decisión inamovible", diga lo que diga la Corte Electoral sobre la 
existencia o no de un delito electoral, y, agregA ¡un militar no 
puede ni debe apoyar el Referéndum”. Concluyendo que “no 
esperaba que este militar, consciente de lo actuado por sus 
camaradas y de los hechos que sucedieron, estuviera en contra 
de algo que afecta a todas las Fuerzas Armadas”. 

Simultáneamente, se pretende presionar a la Corte Electoral 
organismo independiente de la Justicia Electoral Nacional- para 
que comunique al Poder Ejecutivo la lista de militares y policías 
firmantes. 

Ambas medidas se inscriben dentro de una práctica sistemᬠ
tica por parte del Poder Ejecutivo y del Partido de Gobierno de 
intimidación a la voluntad popular. 

Por lo dicho el GRUPO DE MADRES Y FAMILIARES DE 
URUGUAYOS DETENIDOS -DESAPARECIDOS considera que 
el arresto del Capitán de Navio Bernardo Gastón Silbermann está 
fundado en móviles políticos y, en consecuencia, él es un preso 
político. 


57 



Para escándalo de la Democracia, se ha pasado de la 
intimidación a la agresión, no sólo se avasalla el derecho de un 
ciudadano a adherir al recurso de Referéndum, sino que se le priva 
de su libertad. 

Se trata de un hecho gravísimo que nos retrotrae a la cercana 
época en que la disidencia era pagada con cárcel, tortura, 
desaparición y muerte. 

A pesar de las generalizadas manifestaciones contra la arbi¬ 
traria medida de la detención de Silbermann, el Ministerio de 
Defensa Nacional dispuso la privación de libertad de otro inte¬ 
grante de la Armada nacional por idénticos motivos. El Alférez de 
Navio Sergio Retamoso, fue sancionado con cuarenta y dos días 
de arresto a rigor por manifestar su adhesión para que la ley de 
impunidad sea sometida al veredicto popular. 

Paralelamente a ello, la Corte Electoral viene rechazando 
sistemáticamente los recursos presentados contra sus decisiones 
por la Comisión Nacional Pro-Referéndum, representante de los 
adherentes al recurso. En un clima de creciente tensión y arbi¬ 
trariedad, el máximo órgano de la justicia electoral nacional actúa 
sin la imparcialidad exigida por los textos constitucionales. 

En la etapa de verificación de firmas se llevaron a cabo tareas 
de revisión del registro electoral sin conocimiento, sin presencia y 
sin contralor de los delegados de la Comisión Nacional Pro- 
Referéndum. En este marco, se pretende excluirde la última etapa 
de verificación más de cincuenta mil firmas sin permitir acceder a 
la documentación en que se funda la exclusión. Los procedimien¬ 
tos practicados ensombrecen la necesaria transparencia de todo 
trámite de escrutinio y lesionan gravemente las garantías demo¬ 
cráticas previstas en nuestra Carta Constitucional, al no respetar 
la garantía del debido proceso legal en materia de control de la 
verificación de firmas. 


Octubre 1988 

El GRUPO DE MADRES Y FAMILIARES DE URUGUAYOS 
DETENIDOS - DESAPARECIDOS denunciaque una vez más con 
todo el respaldo del poder del Estado y de los medios masivos de 
comunicación, se intenta falsear la voluntad popular y mantener 
en la impunidad a quienes son responsables de graves viola¬ 
ciones a los Derechos Humanos. 


58 




Convocamos a una “sentada" en la Plaza Libertad el 29 de 
octubre de 1988 de 8 a 20 hs., en denuncia de los procedimientos 
de la Corte Electoral que pretenden cerrar el paso a la consulta 
popular y mantener una impunidad que hiere a la democracia y po¬ 
sibilita que el ayer se convierta en mañana. 









Montevideo, noviembre de 1988 


Una vez más, MADRES Y FAMILIARES DE DESAPARECI¬ 
DOS, llamamos a estrechar filas en reclamos legítimos, que 
deben tener la respuesta que exigen; a estrechar filas para que 
nuestro país sea más justo y más democrático. 

Los familiares de DESAPARECIDOS luchamos, desde hace 
muchos años, empleando las armas que las leyes nos dan; 

- El Hábeas Corpus, cuando secuestraron a los nuestros: 
(estábamos en dictadura, en el país con más presos políticos del 
mundo) y la respuesta fue una negativa mentirosa... 

- Las innumerables e inútiles recorridas de Ministerio en 
Ministerio, de oficina en oficina ... 

- El reclamo de comisiones investigadoras parlamentarias, a 
las que no se les votaron las facultades necesarias y que no llega¬ 
ron a ser mucho más que depósitos de denuncias ... 

- Las presentaciones ante la justicia civil... entorpecidas por 
el reclamo de tribunales militares y después por la acción de los 
jerarcas militares y del Poder Ejecutivo que protegieron a los 
acusados para que no concurrieran a declarar ante los jueces ... 

Por último, LA LEY DE IMPUNIDAD 

- La CONSTITUCION, nuestra ley máxima, nos da la herra¬ 
mienta a utilizar: el REFERENDUM. Oue el pueblo decida si acep¬ 
ta la impunidad o exige que la justicia sea igual para todos. Y para 
eso, reunir las firmas del 25% de los ciudadanos; un porcentaje 
más alto del de cualquiera de los países del mundo que tienen una 
norma similar. 

Y los brigadistas recogieron adhesiones que sobrepasan con 
creces ese porcentaje!!! 

Siempre usamos los medios legales ... siempre fueron neu¬ 
tralizados con leguleyerías, artimañas o mentiras (por la presión 
de los militares en el poder o detrás de él; en dictadura o en 
democracia tutelada). 

Una vez más, con el REFERENDUM se repite la historia: La 
Corte Electoral crea una Comisión Especial con amplias facul¬ 
tades que puede resolver por mayoría y que está formada por un 
funcionario a favor del Referendum y dos en contra (Fácil de 
lograr, esa mayoría!). Y las resoluciones de esa Comisión y las de 


60 



la Corte, no respetaron ni el reglamento dictado por la misma 
Corte, ni los criterios que hasta ahora había aplicado, ni los claros 
principios de la lógica. 

Las resoluciones fueron injustas y arbitrarias. Miles de firmas 
rechazadas: por hacer un número más grande que los demás, por 
poner un dato aclaratorio, por repasar una letra, por un punto, por 
una coma... (Y ni siquiera en la firma, que es la que expresa la 
adhesión del ciudadano, sino al anotar la credencial. Y esta 
anotación es un elemento secundario, que sólo sirve para facilitar 
la búsqueda y la confrontación de la hoja electoral con la firma). 

La verdadera razón;anular 79.000 firmas para cerrar el paso 
al plebiscito, para mantenerla Impunidad. 

Pero tan burdos fueron los procedimientos y tan válidas las 
denuncias y protestas de la Comisión Pro Referéndum y de miles 
de uruguayos, que la Corte se detuvo. Hoy las firmas impugnadas 
(por la Comisión Especial, por la Corte misma o por los delegados 
del Partido Colorado) dejan de estar anuladas y quedan en 
suspenso, para ser eventualmente ratificadas por los firmantes. 

Estamos mejor. La Corte Electoral reconoce, como hasta 
ahora había hecho en toda elección, que lo fundamental es la 
voluntad del ciudadano, que debe ser respetada y que los detalles 
formales son secundarios. 

PERO DEBEMOS CONTINUAR ALERTAS: es lo que nos 
enseña la experiencia de siempre. Junto a las armas legales, un 
pueblo atento y movilizado. 

Compartimos un camino difícil con miles de compatriotas de 
distintos medios sociales, políticos o religiosos. Muchos fueron 
víctimas de la dictadura, sufrieron en su persona o en su familia..., 
otros muchos sufrieron en su corazón, porque les duele el dolor de 
los demás. 

Seguiremos junto a todos ellos, porque creemos en la solidari¬ 
dad, porque no queremos democracia tutelada y porque confia¬ 
mos en el esfuerzo común. 

¡Habrá Justicia! 


61 



RATIFICACION DE FIRMAS Y 
CONVOCATORIA AL PLEBISCITO 


Aun cuando la Corte Electoral, en toda ocasión en que hubo 
de optar entre dos o más criterios en la tarea, invariablemente optó 
por el que conducía a anular firmas, el número de las presentadas 
excedía en tal grado al de las legalmente exigióles, que no le fue 
posible eludir la convocatoria a plebiscito. 

Sin embargo, antes de hacerlo exigió -sin respaido jurídico ni 
reglamentario- la ratificación de 36.834 ciudadanos que ya habían 
expresado su voluntad, por supuestos defectos al anotar su 
determinación cívica. 

La convocatoria fue hecha en el Diario Oficial (de circulación 
sumamente restringida), sin las mínimas garantías de publicidad, 
la que debió ser cumplida por la prensa solidaria y a su costo. 

Los convocados debía concurrir en días hábiles, en horario 
limitado, que no fue ampliado (ni siquiera en la forma en que 
habitualmente se hace en las elecciones nacionales) a pesar de 
las reiteradas solicitudes de la Comisión Nacional pro Referén¬ 
dum y aun cuando muchísimos ciudadanos debían trasladarse 
desde el departamento en que viven actualmente a aquél en que 
habían gestionado su credencial cívica. 

Se vivieron días de intensa movilización para locaiizar a cada 
una de las personas que debía ratificar su firma. Coiocación de 
puestos en puntos estratégicos de la ciudad, agitación del tema 
por todos los medios posibles, información radiai permanentes vi¬ 
sitas domiciliarias, búsquedas a través de gremios, barrios, guía 
telefónica, todo lo que una creatividad interesada y apasionada 
fue capaz de producir. 

El 19 de diciembre se alcanzó el número de firmas ratificadas 
necesario. Ei pueblo se volcó a la calle en expresiones de júbilo: 
cantos, llantos, alegría, emoción y esperanza. 


62 



Se convocó a plebiscito para el día 16 de abril de 1989. 
Quienes votaran por anular la ley debían hacerlo en una papeleta 
color verde y los que se pronunciaran por ratificarla, en papeleta 
amarilla... 


COMUNICADO DE PRENSA 

Hoy, 19 de diciembre de 1988, día memorable para el pueblo uruguayo, 
el Grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desapareci¬ 
dos, felicita a todos los orientales participantes de esta gran hazaña. 

En 1986 cuando: convocamos al Referendum junto a las viudas de 
Michelini y Gutiérrez Ruiz, muchos fueron los que dudaron de que fuera 
posible. A decir verdad, nosotros también en más de una oportunidad 
caímos en la desmoralización y la desesperanza'cuando de una y otra 
forma se trampeaba la voluntad popular, pero una vez más el pueblo 
uruguayo demostró su integridad y dignidad nacional, reafirmando sin 
miedos su voluntad por VERDAD Y JUSTICIA. 

Por eso hoy, nuestro pueblo proclama: 



HABRA PREBISCITOÜ! 
HABRA JUSTICIA!!! 


63 













65 


HACIA EL PLEBISCITO 


LAPROPAGANDA 

Las posibilidades de efectuar propaganda por parte de los 
partidarios de la ley y sus opositores fueron desiguales, por 
razones económicas y por la parcialidad de los medios masivos de 
comunicación. 

La campaña en contra de la impunidad, dirigida por la 
Comisión Nal. pro Referéndum fue financiada fundamentalmente 
por el aporte popular y se expresó en la calle, ganando los muros 
de Montevideo con afiches, pintadas, pasacalles en puestos fijos, 
móviles con altavoces, marchas, manifestaciones. (Esto se dio en 
mucho menor grado en las capitales del interior del país). 

Las ideas centrales manejadas fueron: la igualdad de todos 
ante la ley, la obtención de una paz basada en la justicia, la 
posibilidad de repetir la conducta del plebiscito del 80 en que el 
pueblo, venciendo el miedo, votó contra la dictadura. 

Faltó desarrollo de todos los argumentos contra la impunidad, 
sobre todo en la televisión. Allí hubo una marcada insistencia en 
el voto de la alegría, de la esperanza, con el fin de desvirtuar la 
imagen truculenta que nos era asignada por los defensores de la 
ley, en particular el vice-Presidente de la Rea., que asumió la 
conducción de la campaña publicitaria. 

A nuestras carencias se agregó la actitud de los canales de TV 
que, presionados por el gobierno, se negaron a pasar un video de 
Sara Méndez reclamando por su hijo desaparecido. Esta censura 
mutiló la posibilidad de incidencia al final de la campaña, pues se 
trataba de reforzar la línea argumental, propósito que quedó 
frustrado. 

Dos radios y diversos semanarios sostuvieron permanente¬ 
mente el voto verde; los demás medios lo hicieron respecto del 
amarillo. 

La propaganda a favor de la ley fue protagonizada por el 


66 



Partido Colorado (en especial miembros del Poder Ejecutivo) y en 
menor grado algunos dirigentes del Partido Nacional. 

"El gobierno del Pte. Sanguinetti y las FFAA han 
impuesto un tono de enfrentamiento al debate 
nacional sobre el referéndum, lo cual puede haber 
intimidado a los ciudadanos. El Ministro de Defensa, 
Gral. Hugo Medina, públicamente denominó a los 
simpatizantes del referéndum enfermos mentales, y 
buscó información confidencial de la Corte Electoral 
acerca del personal militar en servicio activo que 
hubiera firmado peticiones a favor del referéndum, 
con el fin de disciplinarlos. El Pte. Sanguinetti se 
refirió públicamente al "referéndum del odio "y acusó 
a los partidarios del referéndum de ansias de ven¬ 
ganza. Los representantes de Americas Watch se 
entrevistaron con el Vice Presidente, Enrique Tarigo 
y con el Pte. de la Corte Electoral, Renán Rodríguez 
y quedaron preocupados por el duro tono de sus 
comentarios acerca de la campaña del referéndum. 

El juez Rodríguez opinó que quienes consti¬ 
tuyen un cuarto del electorado uruguayo, eran todos 
“simpatizantes de los Tupamaros”, el vice Pte. Tar¬ 
igo atribuyó la campaña del Referéndum a la influen¬ 
cia comunista sobre los estudiantes y otros sectores 
sociales. Estos pronunciamientos no reflejan el 
carácter amplio de la campaña pro-referéndum" 
(Americas Watch, informe citado). 

El partido de gobierno, que intentó vanamente impedir la 
consulta popular, se dedicó luego a desprestigiar el recurso (el 
Pte. Sanguinetti hablaba del “referéndum del rencor y del odio’). 

Se equiparó la impunidad militar con la liberación de los 
presos políticos, silenciando malintencionadamente los años de 
cárcel y tortura sufridos por éstos. 

Con machacona insistencia se apeló a temores conscientes 
o inconscientes. Se fomentó el miedo sutilmente o en forma 
desembozada. Miedo a una crisis institucional, a volver a la 
violencia, a repetir situaciones vividas por otros países lati¬ 
noamericanos. 


67 



Las amenazas no quedaron en palabras; se llegó a la prisión 
y destitución de militares, destitución de funcionarios de sanidad, 
envío de las firmas a los Ministerios de Defensa Nacional y del 
Interior. Detrás de esto surgía la amenaza de pérdida del empleo, 
la jubilación o la pensión. 

En el interior del país las presiones y la confusión sembrada 
entorno a la iniciativa fueron aun mayores y nuestra capacidad de 
incidencia sensiblemente menor por las especiales 
características que tiene (influencia mayor de los caudillos 
políticos, dificultades de comunicación e información, etc. ... 


Tiempo publicitario de televisión de las papeletas amarilla y verde 
marzo 1989 

voto amarillo: 3 horas, 5 segundos 

voto verde: 48 minutos, 21 segundos 


abril 1989 (a al 10) 

voto amarillo: 5 horas, 8 minutos, 43 segundos 

voto verde: 1 hora, 32 minutos, 45 segundos 


68 



PARA QUE NUNCA MAS FALTEN 
SONRISAS EN LAS FAMILIAS URUGUA YAS 



69 





CARTA ABIERTA A LA 
MINISTRA ADELA RETA 

Montevideo, 23 de abril de 1989 


Dra. Adela Reta 

Ministra de Educación y Cultura 

Srta. Ministra: 

Esta carta que le hago llegara usted y simultáneamente a la 
opinión pública, tiene el cometido de dar respuesta a declara¬ 
ciones hechas por usted en distintos medios de difusión. 

Reconozco desde el comienzo, que usted tiene la ventaja de 
que sus palabras son dadas a conocer, cada vez que lo desea, 
aunque ellas no se ajusten a la verdad -o "realidad” como usted 
llama-. Mientras que nosotros, los ciudadanos comunes, estamos 
sujetos a que se nos niegue ese derecho, a pesar de que estemos 
denunciando o haciendo reclamos fundamentales, sin recibir 
explicaciones de los motivos. Estos días hemos tenido un ejemplo 
claro de ello. Los canales de televisión se negaron a pasar un 
mensaje, pago por la Comisión Nacionalpro-Referéndum, donde 
denunciaba la desaparición de mi hijo, Simón. 

Yo no quiero referirme a este hecho tratándolo como un 
‘problema personal", pues creo que va mucho más allá: Tiene que 
ver con el uso de los medios de comunicación, con los derechos 
del ciudadano, puntos fundamentales en un régimen que quiere 
transitar por la democracia. De allí que, coherente con ésto, dejo 
el pedido de entrevista que le había formulado a cambio de este 
medio y lo hago público, aunque quizás usted lo encuentre poco 
ético. Pero Srta. Ministra, nuestros parámetros éticos más de una 
vez no coinciden. 

Usted niega la transmisión de mi testimonio afirmando que 
“allí se dicen cosas que no son realidad". 

Yo le pregunto: 


70 



-¿No es una realidad que Simón está desaparecido? 

-¿No es otra realidad que el secuestro fue efectuado por las 
FF. AA. uruguayas que respondían a sus mandos, aunque estos 
hechos se desarrollaran en Argentina? 

-¿No es una realidad que los secuestradores fueron identifi¬ 
cados mediante la actuación de la justicia argentina y por ello 
existe un trámite de extradición? 

- ¿No es otra realidad que recientemente esa situación 
también fue reconocida por el senador Jorge Batlle y por el 
Ministro de Defensa Nacional Gral. Medina? 

- ¿No es otra realidad que la ley de Caducidad es votada en 
el Parlamento cuando un juez que recibe las denuncias de 
desapariciones tiene la valentía, que no tuvo este gobierno, de 
ilamara declarara militares denunciados como responsables de 
secuestros y que lo hace en función especialmente de que hay un 
niño al que se puede recuperar? 

- ¿No es otra realidad que se traba por parte del Poder 
Ejecutivo ese procedimiento Judicial y se apresura la votación de 
la ley de Caducidad? 

- ¿No es otra realidad que hay personal militar denunciado 
como pieza clave para saber qué destino tuvo mi hijo y que no se 
puede investigarlo porque ellos están protegidos por la ley de 
Caducidad? 

- ¿No es una realidad que mi secuestro y ei de otros ciuda¬ 
danos uruguayos ocurrieron en Argentina y que sin embargo 
aigunos terminamos en cárceles de la dictadura uruguaya? 

¿Dónde está la falta de realidad, señorita Ministra? 

Estas verdades nosotros tas hemos estado planteando desde 
muchos años atrás, donde hemos tenido posibilidad de hacerlo, 
es decir, en ios medios que respetan tos derechos de expresión de 
los ciudadanos, más allá de sus investiduras. ¿Porqué entonces 
usted no interyino durante todos estos años y sí lo hace en un 
momento en que el pueblo tiene que tomar una decisión en torno 
a la ley de Caducidad? 

También es una reatidad: 

- Que ei Instituto Nacional del Menor -a quien la ley de 
Caducidad le encomienda ia ubicación de los niños secuestrados- 
no tiene ia posibitidad de encontrar a las víctimas de secuestros 


TI 



de una represión que se ejerció desde ei aparato del Estado, 
durante los años de dictadura. 

■ Que una intención real de investigar el paradero de mi hijo y 
de otros niños secuestrados, choca con el obstáculo de la ley de 
Caducidad que ampara a hombres de la institución militar. 

- Que los niños que se han recuperado hasta ahora, lo han 
sido gracias a Abuelas de Plaza de Mayo, organismos de dere¬ 
chos humanos y al pueblo que nunca renunció frente a las 
presiones del miedo por reparar los daños causados a quienes 
lucharon por recuperar esta democracia que a usted le permite 
sentarse en un sillón ministerial. 

Sepa además que ni la censura que usted contribuyó a 
imponerle a mi mensaje, ni la desigualdad de medios con que 
contamos los que seguimos buscando a nuestros desaparecidos, 
logrará acallar nuestros reclamos por saber la verdad. 

Atentamente 


Sara Méndez 


72 








COMOSEVOTO,... PORQUE,... 
ENSEÑANZAS QUE NOS QUEDAN... 


El 16 de abril de 1989, 1:073.345 ciudadanos votaron por 
ratificar la ley y 821.260 votamos por anularla. Un 42,42% del total 
de votantes fuimos derrotados por un 55,44%. 

No dudamos, sin embargo, de que los valores que 
defendíamos son aceptados por la gran mayoría de los uru¬ 
guayos, aun cuando los resultados no lo reflejan. 

Esos resultados, ¿qué enseñanzas nos dejan? 

En primer término, la convicción, ya expresada durante la 
campaña, de que la impunidad perjudicará seriamente el futuro 
del país. 

Delitos de una gravedad nunca conocida en la historia uru¬ 
guaya no serán sancionados, no sólo por imposición legislativa 
sino por decisión de ia mayoría ciudadana. 

Vemos ya, pocos meses después, en los cuerpos de seguri¬ 
dad, actitudes que atentan contra los derechos de los ciudadanos 
(detenciones arbitrarias e ilegales, malos tratos, etc. conocidos 
durante ia dictadura) que son agravadas por expresiones de so¬ 
berbia de los respectivos mandos, no acalladas por la autoridad 
política. 

Tememos la continuación de estas actitudes. Tememos que 
nuestras previsiones respecto de los efectos de esta ley se vean 
confirmadas. Tememos también que esta “salida a la uruguaya” 
que ya se está mencionando en otros países de América consti¬ 
tuya un triste ejempio en el continente, así como aspirábamos a 
que nuestro país fuera un comienzo de faro de justicia si ia ley era 
anulada. 

Sin embargo pensamos que los resultados adversos no 
invalidan la decisión tomada, pues la campaña nos deja enseñan¬ 
zas invalorables que ciertamente también incidirán en el futuro. 


75 



- En primer término, la forma multitudinaria en que se procesó 
la campaña misma. Nuestra convocatoria fue respondida de 
inmediato con enorme participación popular. La experiencia de las 
comisiones barriales fue de inmensa riqueza. Miles de hombres y 
mujeres en la calle, mano a mano con sus vecinos, constituyeron 
un hecho sin precedentes. Por primera vez, el tema de los 
derechos humanos fue debatido a nivel nacional e impulsado no 
por cúpulas, sino horizontalmente. Al decir de Galeano: “elplebis¬ 
cito fue una tremenda expresión de protagonismo democrático, 
nacida desde adentro y crecida desde abajo". 

- En cuanto a la conducción de la campaña, la Comisión 
Nacional pro Referéndum, organismo integrado por personas 
provenientes de los más diversos ámbitos y supra partidaria, 
también fue un elemento positivo y novedoso en el país. 

- Respecto a la metodología empleada, el “puerta a puerta”fue 
una herramienta valiosa para obtener un voto que se pretendía 
fuera consciente. Sin desconocer las fallas y errores cometidos, 
creemos que se buscó (y en gran medida se logró) apelar a la per¬ 
suasión, a la reflexión. 

La metodología participativa, antiautoritaria, dirigida 
básicamente en la conciencia de la ciudadanía, al servicio de los 
valores universalmente aceptados e inherentes a todo estado de 
derecho conquistó votos, particularmente entre los jóvenes. 

- El contenido de la campaña se dirigió a reafirmar valores 
irrenunciables: verdad, igualdad ante la ley, juicio a los culpables 
del terrorismo de Estado, restitución de la identidad de los niños 
desaparecidos, etc. 

Pensamos que faltó el repudio al militarismo y ello por discre¬ 
pancias de enfoque en el seno de la Comisión Nacional, funda¬ 
mentalmente. 

Cuando se discutió la ley, los legisladores del Herrerismo y 
sobre todo de Por la Patria adujeron que se aplicaba el concepto 
de “caducidad" que no extingue el delito y no el de “impunidad”, 
para que quedara en pie la posibilidad de reparaciones civiles y 
sanciones administrativas, como el no otorgamiento de ascensos. 


7B 



Sin embargo poco tiempo después esos mismos legisladores 
se unieron al Partido Colorado por aprobar el ascenso de decenas 
de acusados por múltiples testigos, como por ejemplo el dr. 
Marabotto, condenado por la Comisión de Etica Médica, Mario Oli¬ 
vera, procesado por la justicia militar porelasesinatodel Dr. Roslik 
y varios otros torturadores, secuestradores y asesinos. 

Incidieron en el voto amarillo: 

- El miedo. Miedo a perder el trabajo, la pensión o la jubilación; 
miedo a integrar listas negras de próximas dictaduras, miedo a la 
desestabilización, a la pérdida de la tranquilidad. Miedo que suele 
no tener una formulación concreta sino que proviene del temor 
generalizado que sembró una dictadura sangrienta. 

Miedo que muchas veces no supimos destruir con argumen¬ 
tos éticos, admitiendo el temor de todos ante la dictadura pero 
convenciendo de que no hay otra forma de enfrentarlo que la unión 
del pueblo en defensa de su vida y su libertad. 

- La falsa equivalencia entre ia impunidad y la ley que liberó 
a los presos políticos. 

- La propaganda por la paz, que era en realidad una defensa 
del statu quo. (También nosotros abogamos por la paz, pero 
sustentada en la justicia). 

- Estuvo también presente el escepticismo, el "para qué, no 
vale la pena", nacido no sólo en las dificultades de derrotar a la 
impunidad, sino en la experiencia de mil promesas incumplidas en 
el campo económico, de la salud, del trabajo. 

- Dos decisiones que conspiraron contra nuestra meta fueron: 

1. Que no pudieron votar quienes viven fuera del país (Los 
expulsados de la patria por razones políticas o económicas 
seguramente no querrían la impunidad) 

2. La obligatoriedad del voto (los que votaron sin mayor 
reflexión ni convicción es probable que mayoritariamente hayan 
adherido a “lo establecido” y no a su cuestionamiento). 

- La incertidumbre sobre el futuro, que se sintetizaba en la 
frase ¿ "Ydespués qué?"Consideramos que éste era un tema de 


77 



vital importancia y no claramente resuelto ni aun en los planteos 
teóricos. 

Muchos ciudadanos estaban convencidos de que, aunque se 
anulara la ley, los culpables no serían juzgados. Los impulsores 
del voto verde decíamos: “después, la Constitución y la ley, con el 
apoyo del pueblo vigilante”. 

No escapaba a la consideración de nadie que dada la realidad 
nacional (conducta del gobierno, de mayorías parlamentarias, de 
las FFAA) y la realidad internacional (vigencia de la DSN, acuer¬ 
dos intercontinentales de las FFAA, ingerencia decisiva de los 
EEUU, etc.) el juicio y castigo a los culpables era sumamente 
difícil. ¿Se trataba entonces de una respuesta hipócrita? No, era 
una respuesta principista. Aun cuando no se lograra la justicia, era 
importante buscarla para lograr una mayor divulgación a nivel 
popular que suscitara su adhesión y la sanción moral a los 
culpables. 

Creemos que luego de esta campana y a pesar de no haberse 
logrado la mayoría de los votos, nuestro pueblo está mucho más 
esclarecido sobre los derechos por cuyo respeto debemos velar 
todos. 

El tema global de las FFAA en nuestro país y en el continente: 
el papel que desempeñan en los gobiernos constitucionales, en 
estas democracias recortadas, o limitadas, o tuteladas, merece 
una profu ndización pues tiene relevante importancia en nuestro 
presente y nuestro futuro. 


Votaron contra la impunidad particularmente 
los jóvenes, en relación con los viejos: los montev¬ 
ideanos y habitantes de capitales del interior, en 
relación a los habitantes de medios rurales; los 
ciudadanos de más instrucción, respecto de los de 
menos; los ciudadanos agremiados, en relación 
de los que no lo están. 


78 



Cómo vemos la situación de los derechos 
humanos, particularmente en cuanto se 
refiere a los desaparecidos, luego de ratifi¬ 
cada la ley. 

En lo nacional 

Desde ya decimos que no se ha hecho, ni hay voluntad por 
parte de los políticos y los poderes del Estado de hacer, ni siquiera 
lo que la ley dejó en pie. 

La investigación sobre desapariciones fue confiada al P. Eje¬ 
cutivo. Este la encomendó a un fiscal militar ante quien los 
familiares nos negamos a concurrir por cuanto no le reconocemos 
idoneidad y además toda nuestra información había sido ya dada 
a la Comisión Investigadora Parlamentaria y al Poder Judicial y el 
justo reclamo era la indagación de los inculpados. 

En todos los casos se llegó a la absurda contradicción de que 
el Poder Ejecutivo los declaró comprendidos en la ley (que sólo 
ampara a militares y policías) y el fiscal dictaminó que no existían 
pruebas de la participación de unos ni otros. El resultado fue el 
archivo de los expedientes. 

Las desapariciones producidas antes del período de facto y 
por tanto no comprendidas en la ley, fueron denunciadas a la 
justicia penal, pero el juez competente en vez de actuar, envió los 
expedientes al P. Ejecutivo para que determinara si no les alcanza 
la caducidad. 

Las denuncias a los mandos, que, por no haber actuado bajo 
órdenes, tampoco están amparados en la caducidad también 
fueron destinadas al archivo. 

En el ámbito administrativo, 130 expedientes iniciados en el 
Min. de Reí. Exteriores por desapariciones en Argentina fueron 


79 



también archivados sin respuesta. 

Quedan las reparatorias patrimoniales, que sólo fueron exi¬ 
gidas en casos de desapariciones con abundante prueba y cuya 
finalidad no es la obtención de lucro sino un reconocimiento de la 
responsabilidad de quienes detentaron el poder desde el mo¬ 
mento del crimen. Aun se encuentran en trámite. 

En lo internacional Se han presentado denuncias ante el 
Comité de Ds. Hs. de la ONU, por cuanto Uruguay no cumplió con 
resoluciones tomadas y porque ha votado una ley que viola 
compromisos internacionales suscritos por el país, y ante la CIDH 
de la OEA. 

El Comité de ONU podría volver a declarar el incumplimiento 
de Uruguay. De hecho ya sus miembros cuestionaron duramente 
a representantes del país. 

En la OEA podría aspirarse a llegar a la Corte Interamericana 
de Justicia, logro nada fácil de obtener, por cierto. 

Respecto de los niños desaparecidos, como sabemos, la 
investigación fue encomendada al Instituto del Menor y ya hemos 
expresado nuestro escepticismo al respecto. 

En resumen, las perspectivas desde el punto de vista legal y 
administrativo no son nada alentadoras. 

Frutos de la Campaña 

Muchos son, sin embargo los resultados positivos de la 
Campaña. 

El intercambio de ideas y el trabajo en común con tantos 
compañeros de ruta fue invalorable. Significó la aleccionadora y 
magnífica experiencia de discutir, de luchar por temas relaciona¬ 
dos con los derechos humanos a nivel general. Y hemos 
aprendido en la práctica que ésta es tarea de todos, pues fueron 
miles los que participaron en ella con amor, con sacrificio y con 
eficiencia. 

Pensamos que esa práctica incide también en forma positiva 
en la fuerza con la que algunos sectores luchan hoy por sus 
derechos (contra las razzias, por la vivienda, etc.). 

El voto amarillo no significó un aval a las violaciones de los 


80 



derechos humanos ¡nstnjmentadas en la “guerra antisubversiva”, 
como pretendieron los círculos castrenses, que fueron desmenti¬ 
dos por los propios propulsores de dicho voto. La defensa del voto 
amarillo no fue, salvo en contados casos, defensa y justificación 
de procedimientos de guerra sucia; se la justificó por el olvido del 
pasado en bien del porvenir, por defensa de la paz, por una 
supuesta equivalencia con otros perdones otorgados. 

El voto verde unió a la gente por encima de los partidos. El 
número de sufragios mayor que la suma de los obtenidos por las 
fuerzas políticas que lo impulsaban es claro signo de desobedien¬ 
cia partidaria motivada por valores superiores. 

Los 800.000 votos verdes fueron una opción clara de rechazo 
a la impunidad, aun asumiendo el riesgo de desafiarla, lo cual 
marca un importante nivel de conciencia. 

Fue clara la falta de activa participación popular en favor del 
voto amarillo. Nadie salió a festejar, nadie instó a hacerlo, la 
impunidad no entusiasmó a nadie. 

Nuestra lucha por la verdad sobre todos los desaparecidos, 
particularmente los niños, por la restitución de su identidad y la 
vuelta a su familia; seguirá,como hasta ahora, librada a nuestras 
fuerzas y a las de los organismos y personas solidarias. 

Deben buscarse medios para mantener viva la memoria de lo 
ocumdo/para que las próximas generaciones lo tengan presente 
como una herida no cicatrizada que amenaza con reiteraciones 
futuras. 

-Más allá de logros y fracasos respecto de la justicia de hoy, 
es de vital importancia que todos luchemos por un NUNCA MAS 
a la vejación de los hombres en su persona y en sus derechos 
fundamentales y que esta experiencia se inscriba en esa lucha. 

- Es también vital que estemos presentes en las reivindica¬ 
ciones de los derechos de nuestros conciudadanos, que no 
quedemos ajenos a problemas que deben ser de todos, en esta 
democracia tan incompleta. 

Esta experiencia, la más importante que hemos vivido en 
torno a los derechos humanos pautará el futuro de nuestro país, 
nos enseñará a aplicar las débiles fuerzas de unos unidas a las 
menos débiles de otros, dirigidas a todo nuestro país, teniendo en 
consideración sus particulares modalidades. 


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Edición amparada en el Art. 79 de la Ley 13.349 
Depósito Legal No. 245621 





La campaña pro Referendum, a pesarde los re¬ 
sultados adversos, nos deja enseñanzas invalorables. 
Ella nos unió, por encima de diferencias, en la defensa 
de valores superiores. 

Por primera vez en el país, hombres y mujeres 
debatieron mano a mano con sus vecinos el temade los 
derechos humanos a nivel nacional, en una tremenda 
expresión de protagonismo democrático, apelando a la 
reflexión. 

Esta aleccionadora experiencia nos marca el 
camino: la lucha por los derechos humanos no es de 
elegidos, es tarea de todos, pues fueron miles los que 
participaron en ella con amor, con sacrificio y con efi¬ 
ciencia